Monjas renuncian a retirar comida del Banco de Alimentos tras descubrirse que cobraban a estudiantes

Las monjas de la Congregación de las Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo han renunciado voluntariamente a seguir retirando víveres del Banco de Alimentos de Granada tras hacerse público que servían la comida a 50 estudiantes alojados en la Residencia Universitaria Madre Teresa Rodón, los cuales pagan por el alojamiento y la manutención.

Las monjas de la Congregación de las Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo han renunciado voluntariamente a seguir retirando víveres del Banco de Alimentos de Granada tras hacerse público que servían la comida a 50 estudiantes alojados en la Residencia Universitaria Madre Teresa Rodón, los cuales pagan por el alojamiento y la manutención.

Las religiosas, que gestionan esta residencia, han transmitido este jueves su decisión al presidente del Banco de Alimentos de Granada, Antonio López, al que han reconocido los hechos y han pedido disculpas por los perjuicios que este asunto haya podido ocasionar al organismo sin ánimo de lucro.

En declaraciones a Europa Press, López se ha congratulado de esta decisión porque zanja la polémica surgida, aunque se ha mostrado "absolutamente convencido" de que las religiosas "no tenían conciencia de estar cometiendo una irregularidad".

De hecho, ellas le han explicado que aunque en Granada la orden ejerce una actividad lucrativa con la citada residencia, no es así en otros territorios donde "siguen necesitando ayuda". De modo, que si en Granada "tienen algún margen —económico— con esta actividad" lo destinan a otras obras benéficas.

El presidente del Banco de Alimentos ha podido ver todos los menús que se sirven en la residencia y muchos de sus componentes no se pueden conseguir en el Banco de Alimentos, lo que evidencia que las religiosas no usaban para este fin toda la comida que retiraban.

"Me cuesta mucho reconocerles mala intención", ha mantenido López, quien ha querido matizar que esta situación supone en un impacto mínimo en términos cuantitativos frente a los 4,5 millones de kilos distribuidos en el pasado ejercicio.

"A nosotros nos interesa no obstante tener la seguridad de que los alimentos van donde tienen que ir porque debemos tener la confianza de la sociedad para que los ciudadanos nos den los alimentos que luego distribuimos", por lo que a partir de ahora se "apretará un poco más a la hora de controlar" el destino de los víveres, ha concluido López.

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