Julio Fernández Gayoso, expresidente de NovaCaixaGalicia y de Caixanova, ha comenzado su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso adviertiendo que él nunca tuvo "poderes ejecutivos" y que solo ha ejercido "con carácter institucional y representativo".

A ese guión se ha atenido durante todo su discurso y cuando le ha tocado contestar a las incómodas preguntas de la comisión, como por ejemplo, las referentes a las preferentes, se ha limitado a decir que "el tema está en manos del fiscal jefe de Galicia" y que no podía incurrir en "riesgo penal", aunque ha reconocido que es un problema social "de consecuencias enormes".

Tampoco ha respondido por las prejubilaciones cobradas por los directivos, y que han sido denunciadas por la fiscalía anticorrupción por ocultación de datos: "Estoy imputado en este asunto", ha reconocido, para a renglón seguido decir: " Yo no he cobrado ni un euro".

Gayoso ha detallado las cifras de negocio, de morosidad y de la obra social de Caixanova y de la entidad resultante de la fusión con Caixa Galicia, pero ha eludido alusiones a las razones de por qué el banco derivado, Novagalicia Banco, tiene que acudir ahora a las inyecciones de capital público, y también a las participaciones preferentes.

Ha insistido varias veces en que no tenía poderes en el consejo de administración y que, por tanto, no ha tomado ni una decisión personal "porque no podía". "No quiero rehuir responsabilidades, pero sí situar las cosas en sus justos términos", ha dicho.

Gayoso comenzó diciendo que todos los datos que iba a ofrecer se podían "contrastar" y así inició un resumen de la situación económica de Caixanova. Entre los datos aportados por Gayoso destaca que Caixanova tenía un volumen de negocios en 2008  de 40.000 millones de euros y que ese año la caja creció 650 millones de euros. La morosidad era entonces del 3,3%.

La situación ha sido retratadada de forma tan idílica, que en la ronda de preguntas, el portavoz del PSOE, Miguel Ángel Cortizo, se ha preguntado cómo es posible que entonces ahora el Estado tenga que salir a rescatar a la Banca.

Cortizo le ha pedido además que haga "un ejercicio de sensibilidad" y que sea honrado para intentar explicar qué ha pasó en Caixanova para que al final tuviera que recibir 3.627 millones de euros en ayudas públicas. "Tenga un gesto de honradez, diga la verdad".

En la misma línea de críticas por la falta de información útil que pueda conducir a aclarar la situación de Caixanova,el portavoz del PNV en la comisión, Pedro María Azpiazu, ha abogado por crear una comisión de investigación. "Este formato no sirve para lo que estamos haciendo. Parece que vivimos en el país de las maravillas", ha dicho.

Y Álvaro Anchuelo, de UPyD,  le ha preguntado con ironía cómo es posible que cuatro personas de Novocaixa recibieran 52 millones de indemnizaciones y pensiones: "¿Qué se remuneraba? ¿La buena gestión?"

El único que ha defendido el formato de la comisión del Congreso ha sido Fernando López Amor, del Grupo Popular, que ha dicho que fue el formato "votado por todos".

Gayoso, de 80 años, dimitió de sus cargos después de que la fiscalía anticorrupción presentase ante la Audiencia Nacional una querella contra él y otros otros cuatro altos cargos de las antiguas cajas gallegas por ocultar al Banco de España las cifras de sus abultadas prejubilaciones. La Audiencia Nacional admitió a trámite la querella.

Tras Gayoso este jueves comparece el expresidente de Bankia Rodrigo Rato para dar explicarciones sobre la crisis de Bankia y, ya por la tarde, el expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, y la exministra socialista de Economía, Elena Salgado.

En su comparecencia del martes, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez calificó de "error" la salida de Rodrigo Rato de Bankia, al valorar que se trataba de una "personalidad importante" en el contexto internacional.

"No era necesario", sentenció, para después justificar la aprobación con condiciones del plan de saneamiento de Bankia para evitar el "desastre" en el país. Sobre la salida a Bolsa de la entidad ahora nacionalizada, respaldó la decisión en que la operación contó con la firma de 15 empresas "con profesionalidad y respeto" en España.