El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha mostrado su preocupación por la aprobación de la nueva ley del Gobierno de Canarias sobre la Renovación y Cualificación turística, puesto que consideró que "no atiende a un desarrollo racional de la actividad turística" y afecta a la isla por sus cualidades particulares, una reivindicación que comparte el sector turístico.

Así se manifestó tras una reunión con representantes empresariales, mientras anunció la redacción de un documento común con el cual transmitir una "única voz" que plantee esta preocupación común.

Bravo de Laguna destacó que la nueva ley restringiría la oferta extrahotelera de la isla, además del establecimiento de una moratoria "prácticamente con carácter indefinido" por la cual Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife necesitarían una autorización previa para la realización de nuevas estructuras de carácter turístico.

La consejería de Turismo del Cabildo grancanario ha querido transmitir estas alegaciones al gobierno canario "con la mayor urgencia", uniéndose a las "ya producidas" por parte de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la Cámara insular de Comercio y otras organizaciones empresariales.

Todas ellas coinciden en discutir algunas de las medidas planteadas en la ley, como la asignación de competencias al Gobierno de Canarias que, según afirmó Bravo de Laguna, "deberían ser una facultad de los Cabildos".

De hecho, desde la Corporación insular se emitió el pasado mes de diciembre el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTEOTI), que aún no ha sido publicado por el Gobierno de Canarias y que contempla algunas acciones para la reforma y rehabilitación turística de Gran Canaria.

Mayores competencias a las diputaciones provinciales

Por otra parte, la reforma de ley le adjudicaría nuevas competencias a las diputaciones provinciales, restando capacidades a algunos ayuntamientos.

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha afirmado que, aunque las Administraciones insulares no son "exactamente" iguales a las diputaciones, éstas asumirían las nuevas facultades expuestas en la ley y que muchos ayuntamientos consideran como "competencias impropias" sin consignación presupuestaria.

De hecho, Bravo de Laguna recordó que existe un borrador de proyecto de ley para la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local que también podría afectar en su momento al reparto de competencias entre las dos instituciones públicas.