La FECAV recogerá el jueves firmas para pedir la dación de pago a los afectados por desahucios

La FECAV (Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos de Santander) recogerá este jueves firmas para la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la regulación de la dación en pago para los afectados por desahucios cuando no puedan pagar su hipoteca.

La FECAV (Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos de Santander) recogerá este jueves firmas para la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la regulación de la dación en pago para los afectados por desahucios cuando no puedan pagar su hipoteca.

Las adhesiones se pueden hacer en la propia sede de la FECAV, en General Dávila, 89 (el antiguo Centro Meteorológico) o en las mesas petitorias que se van a instalar de 11 a 13 horas en el centro de Santander, en concreto, en la calle Burgos.

El presidente de la FECAV, Ricardo Sáinz Obregón, ha llamado a secundar la petición, incidiendo en que es un problema que puede afectar a cualquiera. "Puede ser su vecino, su hijo, sus padres o sus nietas", ha afirmado.

Un total de 691 familias cántabras fueron desahuciadas en 2011, un cifra que coloca a Cantabria como la tercera comunidad autónoma con menos ejecuciones hipotecarias de España —por detrás de La Rioja y Navarra—.

Desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, y hasta 2011, el número de desahucios se eleva a 2.997 en la región y a 315.000 en toda España.

la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se ha marcado el objetivo de recoger en todo el territorio nacional al menos 500.000 firmas, antes del 31 de octubre, para poder llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil con la que los afectados puedan liquidar su deuda mediante la dación en pago, o quedarse en ella pagando un alquiler social.

La dación en pago permite entregar la vivienda a la entidad financiera acreedora a cambio de quedar libre de la deuda, y el alquiler social, seguir residiendo en la vivienda pagando una cantidad no superior al 30 por ciento de los ingresos mensuales por un periodo máximo a cinco años.

Además, la ILP también pretende que se paralicen los desahucios, siempre que se trate de una vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario se deba a motivos ajenos a la propia voluntad, como el paro o una enfermedad.

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