La reforma de salud del presidente Barack Obama, su logro social más significativo en casi cuatro años en la Casa Blanca, está pendiente de que este jueves el Tribunal Supremo decida si mantiene la esencia de la ley o la deja herida de muerte y obliga a repensar la cobertura de millones de personas.

La sentencia del Supremo podría ser un espaldarazo a los esfuerzos de Obama por dar cobertura universal a un país donde 50 millones de personas no tienen seguro médico, o un varapalo que le obligaría a cambiar de estrategia y daría alas a sus rivales republicanos.

La reforma obliga a los estadounidenses a contratar a partir de 2014 un seguro médico privado, algo que, según los partidarios, abaratará el sistema al ampliar la base de clientes.

Pero precisamente por esa obligación -el conocido como "mandato individual"- la reforma corre el riesgo de quedar invalidada, si el Supremo considera que el Gobierno se ha extralimitado en sus poderes al obligar a los individuos a contratar un determinado servicio.

La conocida oficialmente como Affordable Care Act (Ley de Cuidado Asequible), u Obamacare por sus detractores, obligaría a contratar seguro médico a casi todos los estadounidenses sin cobertura, una sexta parte de la población.

Esa cláusula es la que más recelos levanta entre sus críticos y la que el Supremo podría dictaminar que contraviene los principios constitucionales de no interferencia del gobierno federal en la libertad de comercio.

Otra de las disposiciones clave de la reforma sanitaria, que lleva parcialmente en vigor dos años y que ya ofrece cobertura sanitaria a más de tres millones de personas, es la que exige a los estados ampliar la cobertura pública del programa Medicaid para los más necesitados.

Los nueve jueces del Supremo han tenido que revisar las casi 3.000 páginas de este complejo caso y ya en abril, cuando escucharon los argumentos orales de las partes, se mostraron divididos, lo que deja abierta la posibilidad a cualquier resultado este jueves.

Los republicanos se han declarado enemigos de la totalidad de la reforma, aunque su candidato a la presidencia, Mitt Romney, promulgó una ley muy parecida cuando era gobernador de Massachusetts.

Romney volvió a atacar este miércoles la reforma y a prometer que si gana las elecciones en noviembre la anulará.

Según el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, existen precedentes que apoyan la constitucionalidad de la reforma sanitaria y que incluso "muchos juristas conservadores se han declarado a favor de su constitucionalidad", una llamada velada a los magistrados conservadores del Supremo, considerados clave para dirimir el caso.

Los opositores, encabezados por los ultraconservadores del movimiento Tea Party, critican que el Gobierno quiera obligar a alguien a contratar un seguro, mientras que los expertos consideran que esta medida es clave para reducir el coste de las coberturas y poner orden en un sector que representa el 18 por ciento de la economía estadounidense.

Para el partido republicano, esta ley es una intromisión del gobierno federal y un dispendio innecesario, que además quiere financiarse por medio de un aumento de los impuestos a los ricos.

El coste estimado de la ambiciosa reforma es de un billón de dólares para la próxima década, aunque el impacto en las arcas públicas se reduciría por las aportaciones de las rentas más altas y de las compañías de seguros.

Decida lo que decida el Supremo, lo que es seguro es que la reforma sanitaria seguirá siendo un tema central en el debate de la campaña presidencial y un conflicto latente cuya resolución dependerá del ganador de las elecciones de noviembre y del control del Congreso, donde la batalla política está servida desde que en 2010 los republicanos ganaron la hegemonía en la Cámara Baja.