La Asamblea por las Libertades y contra la Represión (Micalet) ha presentado un recurso contra el archivo de la denuncia contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y el jefe superior de Policía de la Comunitat, Antonio Moreno, al considerar en este fallo "una falta de procedimiento penal" ya que el juez "ha dictado el archivo sin aperturar un proceso de averiguación de los hechos".

Así, lo ha señalado Fabiola Meco, una de las representantes, al término de unas declaraciones realizadas en la puerta del Instituto Luis Vives de Valencia, donde comenzaron los indidentes, en la que desplegaron una pancarta en la que se podía leer: 'Som el poble. No el enemic'. Entre los participantes, se encontraban el portavoz adjunto de EUPV en las Corts Ignacio Blanco o el asesor de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Giuseppe Grezzi.

El pasado 8 de junio un total de 23 integrantes de la Asamblea Micalet interpusieron una denuncia por los sucesos acaecidos tanto en las inmediaciones del antiguo hospital La Fe el día 14 de febrero como en el centro de la ciudad de Valencia entre los días 15 y 21 del mes de febrero por considerar que tanto la delegada del Gobierno como el jefe de policía podían haber incurrido en varios delitos. Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Valencia ha archivado la denuncia al no apreciar en su actuación "la existencia de conductas penalmente relevantes".

No obstante, Meco ha justificado el recurso en que "se ha faltado en primer lugar a esa fase de procedimiento, no se ha dejado que se investiguen los hechos denunciados y por tanto no ha permitido aportar todas las pruebas que hubieran sido posible para la verificación".

Además, ha lamentado que el juez "no les haya permitido ratificar a las 23 asociaciones denunciantes la propia denuncia decretando el archivo". En ese sentido, ha señalado que "ha faltado a los derechos que el Tribunal Constitucional tiene reconocidos" y en concreto se ha referido al artículo 24 que garantiza "el derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías debidas".

Por ello, ha señalado que al conocer esta resolución se han quedado "sorprendidos" y "preocupados" porque "confiábamos en que al menos se aperturara el procedimiento y se pudiera por lo menos investigar los hechos como ocurre en cualquier denuncia".

Facultad y deber

Al respecto, ha explicado que "se trata de una facultad del juez", que "tiene la facultad pero también el deber de investigar los hechos" mientras que en este caso "ha hecho renuncia a este deber que la ley establece".

Con todo, ha recalcado que "siempre confiamos en que la Justicia haga su trabajo", aunque ha advertido de que aunque se rechace el recurso "continuaremos con las acciones legales e interpondremos los siguientes recursos ante quien corresponda".

Preguntada por si el juez puede haber incurrido en un delito de prevaricación al no haber ni siquiera investigado los hechos, ha comentado: "de momento se ha optado por recurrir su decisión manifestándole que ha faltado al procedimiento establecido en el marco de la ley y que tenemos derecho a que se abra una investigación de los hechos, y después sobre la investigación y la prueba de veracidad a continuación que si lo decide decrete el sobreseimiento pero no antes".

Respecto a las multas a algunas de los participantes, ha aclarado que son independientes de este recurso ya que se trata de "procesos individuales que se están siguiendo contra diferentes personas que participaron en esas concentraciones y manifestaciones, que han sido identificadas y están en curso en un proceso de sanción puesto que están en fase de alegaciones para evitar la sanción que todos han recibido".