La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha defendido realizar la reordenación administrativa de la Comunidad autónoma con el "mayor consenso político" y comenzar el debate entre todos los grupos políticos de las Cortes aragonesas "sin apriorismos de ningún tipo". Asimismo, ha reclamado "realismo, sentido común y generosidad política" para afrontar esta reforma que estima necesaria.

Rudi ha comparecido ante el pleno de las Cortes de Aragón a petición del PSOE para manifestar su posición sobre la reordenación del actual modelo político-administrativo de la Comunidad autónoma.

La presidenta ha indicado que se trata de "las reglas del juego" y por eso "conveniente que sean pactadas y tengan el mayor apoyo posible". Si la reforma "sale por unanimidad, fantástico", pero, al menos, debe "salir con todos los apoyos posibles" porque "no podemos dejar de hacer una reforma si estamos de acuerdo suficiente número" de diputados.

En este sentido, ha afirmado que "ni en mi persona, ni en mi grupo, ni en el Gobierno, ni en los grupos que sustentan al Gobierno habrá posiciones dogmáticas" y "no me oirán decir que hay que vaciar determinadas instituciones".

El objetivo es lograr una reordenación que haga a la administración "más eficiente y resuelva mejor los problemas de los ciudadanos", esos son "los únicos apriorismos de los que parto".

En estos momentos "estamos en el trámite de acercar posiciones" entre los dos socios de Gobierno, Partido Popular (PP) y Partido Aragonés (PAR), porque este es "uno de los aspectos donde nuestros puntos de arranque no eran los más cercanos", para contar "en un horizonte no muy largo" con un "primer documento, no digo un texto legislativo, que marque la posición común del PP y PAR", que en su pacto de gobernabilidad se comprometieron a realizar esta reforma.

Una vez que se cuente con ese texto, Rudi ha sido partidaria de que "a partir del próximo periodo de sesiones", que se inicia en septiembre, se constituya un grupo de trabajo entre todos los grupos, que podría ser una ponencia o una comisión especial, si bien tendrá que ser la Cámara la que decida el método de trabajo, ha apuntado.

Realismo y sentido común

Luisa Fernanda Rudi ha defendido "acometer esta tarea con realismo" puesto que "no partimos de cero" y "existen ayuntamientos, diputaciones provinciales, comarcas y la Administración autonómica" y también con "sentido común" porque "los criterios de racionalidad deben primar, independientemente de la crisis económica o no", si bien esta "nos puede obligar a poner los pies en el suelo".

Igualmente, ha reclamado "generosidad política, si queremos que salga con el mayor consenso" de forma que la reforma resultante "nunca será" la de ningún grupo parlamentario concreto, para estimar que el "meollo" de la reordenación será determinar "a qué nivel de la Administración se le adjudica" cada competencia.

Al respecto, ha apuntado que "cada nivel tiene que tener claramente determinadas sus competencias y cada competencia ser ejercida por una administración" ya que actualmente se produce "solapamiento de distintas competencias por tres e incluso por cuatro y cinco" administraciones.

Además, será preciso "fijar la financiación", quien fija y recauda tasas y precios públicos y "la responsabilidad política de cada administración", así como "limitamos, prohibimos, concretamos el ejercicio de las llamadas competencias impropias", para reconocer que los vecinos al primero al que acuden es al ayuntamiento, que si cuenta con "algo de recursos, tiene difícil decir que no".

Esto "ha llevado al 'totum revolutum' que tenemos en este momento" y a la existencia de "disfunciones, no por mala voluntad de nadie", ha dicho Rudi, para precisar que "la asignatura pendiente es la financiación de las Administraciones locales".

Rechazo a la fusión de ayuntamientos

La presidenta de Aragón ha manifestado que "no soy partidaria de la fusión de ayuntamientos porque no soluciona el problema" y muchos pequeños consistorios "no tienen coste para el erario público, ni para el ciudadano" y sus representantes políticos "no solo no cobran, sino que les cuesta dinero" ejercer esa función, mientras que "los servicios mínimos son compartidos por varios ayuntamientos".

No obstante, la propuesta de fusión por parte del Gobierno central "no creo que sea una provocación" porque se plantea de forma voluntaria y algunos municipios han decidido hacerlo. Respecto al mayor ayuntamiento de la Comunidad, el de la ciudad de Zaragoza, que aglutina a la mitad de la población de Aragón, ha precisado que ha llevado su "camino" y "nunca ha tenido ayudas ni de la Comunidad autónoma, ni de la Diputación Provincial de Zaragoza".

Sobre el anuncio realizado por el Gobierno central de reformar la actual ley de bases de régimen local, ha considerado que ese debate se deberá hacer en las Cortes Generales, donde deberán opinar las Comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, "eso no nos impide que desde Aragón avancemos en la simplificación y racionalización de nuestro modelo, teniendo en cuenta las especificidades de nuestra Comunidad autónoma", como es el número y tamaño de sus municipios, con el 72 por ciento con menos de 500 habitantes, y la presencia de las comarcas y "su recorrido y competencias asumidas en sus diez años de existencia".

Aumentar recursos

El presidente del grupo del PSOE, Javier Lambán, ha lamentado que tras un año de gobierno, PP y PAR no hayan avanzado "en llegar a acuerdos" en esta materia, para defender que en la reordenación no sean los municipios los que pierdan las competencias y las ganen las diputaciones, "como pretende" la reforma del Gobierno central, sino al revés, "aumentando los recursos económicos a los ayuntamientos".

Ha agregado que "algo hemos hecho mal cuando los mecanismos chirrían", para asegurar que ni es anti comarcas ni pro diputaciones, sino que ha defendido que "todo gire en torno al municipio" y, en ese marco, de determine "para qué sirven las comarcas y para qué las diputaciones, sin anclajes dogmáticos, que no nos conducirán a ningún lado" y ha ofrecido "diálogo y acuerdo" y que se cuente con los ayuntamientos.

La diputada del PP, María del Mar Vaquero, ha destacado la "necesidad y conveniencia del consenso", para estimar que "el pilar básico son los municipios" y es preciso que las entidades locales cuenten con "financiación necesaria" para llevar a cabo sus competencias.

El diputado del PAR, Alfredo Boné, ha recalcado que "es primordial alcanzar un acuerdo global" porque sin "unanimidad" será difícil "fijar objetivos, forma y método para conseguirlo", para defender que "los servicios que los ayuntamientos no puedan prestar se encomienden a las comarcas desde el principio de voluntariedad y consenso". Ha espetado que "no estamos en contra de las diputaciones provinciales, sino del modelo actual y de que se incremente sus competencias en detrimento de las comarcas".

La parlamentaria de CHA, Nieves Ibeas, ha manifestado que "toda la ciudadanía tiene que recibir los mejores servicios y la mejor calidad, resida donde resida" y, a su entender, las comarcas son "un buen instrumento" para conseguirlo, aunque haya que "trabajar para mejorar la gestión", mientras que habría que ir a un "vaciado progresivo de las diputaciones", que son citadas en la Constitución, pero donde no se precisa que obligatoriamente deban existir.

Para el diputado de IU, Luis Ángel Romero, hay una "asignatura pendiente con los ayuntamientos" y aún "no se ha dado una solución a la financiación de las entidades locales". Ha rechazado las propuestas del Gobierno central y ha estimado que habría que trabajar "en el vaciado de competencias de las diputaciones".