Medio centenar de familias de las calles Moya y Emilio Carreras están en el punto de mira de las inmobiliarias.Cincuenta viviendas de esta zona del barrio de Capuchinos, en la capital, deberán ser demolidas en aras del interés público, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su aprobación inicial. En ese lugar se construirán casas de renta libre y protección oficial.
La oficina donde se expone el PGOU es clara: los vecinos acabarán yéndose, pero pueden pasar muchos años. Ayer, IU denunció que las inmobiliarias habían hecho ofertas económicas a los vecinos afectados un mes antes de que el PGOU se publicara. La coalición sospecha que las empresas han obtenido información privilegiada del Ayuntamiento.
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