Los anuncios de prostitución en prensa agonizaban en julio de 2011. El Ejecutivo socialista había trasladado al Parlamento una propuesta para prohibir la publicidad de relax en periódicos y ediciones digitales y todos los grupos parlamentarios habían secundado la decisión.

El Gobierno pretendía añadir un apartado al artículo cinco de la Ley de la Publicidad que especificase que "se prohíbe la publicidad en prensa de servicios sexuales y de locales dedicados a la prostitución" después de solicitar un informe al Consejo de Estado y analizar sus contundentes conclusiones que avalaban el veto a este tipo de publicidad.

Sin embargo, el azote de la crisis y el escaso margen de maniobra –el borrador se presentó en julio– dejó el informe en estado de hibernación, se acabó la legislatura y el Gobierno socialista perdió las elecciones.

El Ejecutivo popular busca ahora una cuadratura del círculo que se antoja imposible. Buscar una fórmula para prohibir este tipo de publicidad en los periódicos sin que los delicados ingresos publicitarios de los medios de comunicación se resientan todavía más. "La idea es reflotar el borrador diseñado por el anterior Ejecutivo, pero siendo conscientes de la crítica situación que atraviesa la prensa", explican desde Igualdad, un área dependiente del Ministerio de Sanidad.

La cartera liderada por Ana Mato parte de dos premisas: la necesidad de prohibir una práctica que fomenta el negocio de trata de mujeres con fines de explotación sexual y conseguir el menor impacto en las delicadas cuentas de los periódicos. La situación es delicada. El último informe sobre los ingresos recaudados por los diarios con este tipo de clasificados –publicado en el año 2007– ascendían a 40 millones de euros y la prensa escrita atraviesa ahora una crisis sin precedentes. La publicidad en los periódicos ha descendido un 21% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior y las previsiones todavía son frágiles.

Pese al impacto negativo en sus cuentas, el periódico 20 minutos escuchó las recomendaciones del Congreso para eliminar los contactos de relax y decidió suprimirlos en 2007. "Ha sido una difícil decisión empresarial y una decisión ética y profesional muy sencilla", escribió entonces el director del diario, Arsenio Escolar, en su blog. Los diarios Público, Avui y La Razón se sumaron posteriormente a la iniciativa.