Las oficinas de la Empresa Petrolera Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia, fueron registradas hoy por la Fiscalía en el marco de una investigación sobre los alcances de un contrato presuntamente irregular de ajuste de precios con la brasileña
Petrobras, según fuentes oficiales.
La acción de los fiscales, que
duró cuatro horas, fue rechazada por la compañía, que consideró "irregular y desproporcionado" el operativo, al tiempo de asegurar que, durante la vigencia del contrato observado, no hubo daño al Estado boliviano.
La operación se realizó en la
ciudad de Santa
Cruz, en el este tropical del país, donde la compañía hispano-argentina tiene su sede.
Andina y Petrobras, dos de las empresas que proveen gas boliviano a Brasil, son acusadas de un "pacto secreto" que burló la fórmula de reajuste periódico del precio del hidrocarburo enviado a tierras brasileñas, como estipulaba el contrato acordado por las autoridades bolivianas.
El
fiscal Hugo Iquise, junto a otros cuatro funcionarios resguardados por una
veintena de policías ingresaron a las dependencias de Andina cerca del mediodía de hoy para obtener información que la empresa supuestamente se negó a proporcionar cuando se le solicitó.
Iquise sostuvo que los ejecutivos de la firma están acusados de haber firmado un contrato lesivo al Estado y de estafa agravada, que causó a Bolivia un
perjuicio por 160 millones de dólares.
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