Un tabú se acaba de romper: por primera vez en nuestro país, una autopista, la AP-41, que une Madrid y Toledo, ha solicitado ante el Tribunal de Justicia de Albacete la declaración de concurso voluntario de acreedores, según el diario económico Cinco Días. Otras autopistas de peaje, como las radiales de Madrid, la M-12 que da acceso a Barajas, o la Cartagena-Vera podrían pronto seguir el mismo ejemplo.

La autopista de 71 kilómetros entre Madrid y Toledo arrastra una deuda de 530 millones de euros (380 millones en deuda bancaria y 150 millones a los propietarios de las fincas que expropiaron para la contrucción de la vía).

Los propietarios, entre los que figuran empresas como Isolux, Comsa, Sando y Azvi y Banco Espírito Santo, achacan su mala situación económica a que Fomento interrumpiera los planes de prolongar la autopista hacia Ciudad Real y Córdoba, algo que denunciaron y ganaron ante el Supremo, pero que no se ha traducido en ningún tipo de compensación económica. La concesionaria calculó en 100 millones las pérdidas por la suspensión de esta prolongación que hubiera ahorrado a los conductores tener que subir por el puerto de Despeñaperros.

También se queja la empresa de que la Comunidad de Madrid ha fomentado el uso de la M-407, que no tiene peaje y que compite con ella en un pequeño tramo de la Comunidad de Madrid.

Cada año la AP-41 tiene que pagar 20 millones de euros de intereses por los préstamos para su construcción, una cantidad que supera sus propios ingresos.

La AP-41 se abrió en diciembre de 2006 y se presentaba como una alternativa a la A-42, aunque ya entonces se cuestionó que pudiera absorber mucho tráfico.

Costó 440 millones de euros y al principio cobraba 6,20 euros en su recorrido más completo. Ahora el tramo más caro cuesta 7,10 euros.