La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un real decreto ley en materia de medio ambiente para "lograr una gestión más eficaz de las aguas" y a través del que el Estado asumirá "directamente" toda "la gestión de policía" -sancionadora- en las confederaciones o cuencas hidrográficas.

Queda derogada, por lo tanto, la anterior normativa en materia de agua. En este sentido, la portavoz ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.

A raíz de la sentencia, el anterior Ejecutivo socialista aprobó un decreto ley que permitía a las CC AA asumir competencias de gestión del dominio púbico hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas comunidades. Con ello, "se les posibilitaba asumir funciones de policía (fundamentalmente sancionadoras)" en sus respectivos territorios.

Esto era aplicable inicialmente para Andalucía, Cataluña y Aragón al tenerlo previsto en sus estatutos. En concreto, la norma ofrecía a la Junta la gestión de la policía hidraúlica de la cuenca del Guadalquivir, a su paso por el territorio andaluz.

El Ejecutivo, ha dicho la vicepresidenta, considera que el agua es un recurso escaso y es "un dominio público de todos los españoles", de ahí que el Estado recupere esas funciones; el real decreto, ha añadido, pretende evitar "duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictorias" y también simplificar gestiones, unos principios que podrían marcar la agenda de reformas del Ejecutivo en los próximos meses.

No obstante, preguntada por los periodistas por si el Gobierno irá quitando competencias a las comunidades autónomas de forma progresiva, Sáenz de Santamaría ha contestado que las competencias se adjudicarán "según sean las materias" y siempre bajo la premisa "no multiplicar los costes"; "pido diálogo ante la reordenación de competencias", ha dicho.

Dentro del real decreto ley se incluyen otras medidas de calado medioambiental. Así, se modifican las leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de Residuos y Suelos Contaminados, y se contemplan medidas sobre regulación del agua subterránea.

En primer lugar, se simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

Hasta ahora, en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente. "El real decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.

Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el real decreto ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.

De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada.

Este procedimiento, según Sáenz, es "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español y supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.

Así, con el nuevo texto se modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.

Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.

Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.

En cuarto lugar, el real decreto ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.

Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa. Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012.

En línea con la Directiva de la Unión Europea Marco del Agua, por último, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas.

De este modo, se introduce un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

La nueva normativa añade condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana evitando un deterioro del acuífero y "permitiendo la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas". Según la vicepresidenta, el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado "en plena coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha" para abordar el mejor sistema de racionalizar los aprovechamientos hídricos en la zona de las Tablas de Daimiel.

Tras recordar la actual situación de sequía, ha razonado que "había que trabajar con urgencia y rapidez para encontrar fórmulas que eviten sobreexplotaciones de esos acuíferos que causaran deterioro a la zona". El real decreto ley incorpora un nuevo procedimiento que permite a los usuarios, a cambio de poder transferir sus derechos, acogerse a una reducción del volumen que pueden usar.

A través de fórmulas concesionales se podrá transferir a terceros ese aprovechamiento, pero a cambio de ceder una parte del mismo "con lo que se logra un equilibro mucho más sostenible en la explotación" de las Tablas de Daimiel, según el Ministerio de Medio Ambiente

Por otro lado, el pasado lunes la vicepresidenta avanzó la intención del Gobierno de liberalizar de determinados servicios en el área de las infraestructuras y el transporte "con el objetivo de lograr una gestión más austera y eficiente", aunque no dio más detalles y hoy tampoco se han aprobado medidas al respecto.

En la rueda de prensa ha mencionado que el Consejo ha visto el informe presentado a este respecto por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y que el departamento ya está trabajando "en distintas normas que permitirán reformas estructurales" en servicios como aeropuertos o el "servicio ferroviario" y que también afectarán al "alquiler" de vivienda.

El objetivo de estas medidas futuras es una "reordenación para ganar en eficiencia en determinados servicios públicos", ha explicado.