«Los inquilinos reciben amenazas verbales y directas para que abandonen sus pisos, y en los últimos meses, vienen incluso comunidades de vecinos en bloque», asegura Gracia García, abogada de la asociación. Y es que las prisas de los constructores por comprar todo un edificio llevan, en muchos casos, a saltarse la mediación del propietario con sus arrendatarios.

Las presiones se dirigen, el 85% de las veces, «a personas mayores que no saben defenderse y son muy fácilmente impresionables», dice García. Como alternativa, se les ofrece a los inquilinos la posibilidad de realojarse en uno de los pisos de nueva construcción, aunque después de una media de tres años de obra y con una renta superior a la que pagan actualmente.

La zona más afectada se sitúa de la plaza de España hacia la Torre: en la calle Orillamar, las dos Atochas, Adelaida Muro, o en las avenidas de Hércules y de Navarra.

Los vecinos, por su parte, no tienen intención de quedarse con los brazos cruzados. «Sabemos que no todos los constructores emplean esta táctica, así que vamos a investigar los casos y estamos dispuestos a hacer público por todo el barrio el nombre de quien se dedique a ello», advierte David Pena, presidente de la asociación de vecinos de Monte Alto.

«El derecho a hacer negocio es legítimo», dice Pena, «pero cumpliendo las normas éticas más fundamentales y también cumpliendo la ley».

«O te vas o te amargo la vida»

Las amenazas son verbales y nunca por escrito, para no dejar evidencias, cuenta V.M., que vive de alquiler en la calle Santo Tomás y prefiere preservar su identidad por miedo a que lo desalojen de su casa. Y es que, en los últimos meses, ha recibido presiones del tipo «o te vas del piso o te amargo la vida con el ruido de las obras». Sospecha que otros inquilinos del edificio –un matrimonio de ancianos– también han vivido situaciones así, «pero se hacen los longuis cuando se lo pregunto», afirma.