Un tribunal especial ha declarado inocente de tres de los cuatro cargos al exprimer ministro islandés islandés Geir H. Haarde en el juicio que ha tenido su capítulo final este lunes por su presunta actuación negligente en el colapso bancario sufrido por el país en octubre de 2008.

Haarde fue condenado no obstante por un delito menor -por nueve votos a favor y cinco en contra- por no haber tratado temas importantes para el país en los consejos de Estado o en las reuniones de Gobierno. Esa condena menor no se traduce en ninguna pena concreta para Haarde, que tampoco tendrá que pagar las costas del juicio, calculadas en 24 millones de coronas islandesas (unos 143.000 euros), que recaerán en el Estado islandés.   

Tras conocer la sentencia, que se hizo pública en la Casa de la Cultura y fue transmitida en directo por la televisión pública Rúv, Haarde, no obstante, se mostró insatisfecho por haber sido condenado por "una pequeña formalidad" y calificó el veredicto de "absurdo". De aplicar ese razonamiento, todos los jefes de Gobierno del país debían de haber sido declarados culpables del mismo delito, argumentó Haarde a la salida del tribunal.

Durante el juicio, Haarde negó la acusación por considerar que no tenía "fundamento", ya que no había signos "claros" de un crack inminente y las autoridades tampoco podían obligar a los bancos a reducir su exposición. Haarde criticó además el proceso, que calificaóde "político" y de "farsa".

El veredicto era esperado, ya que ninguno de los 40 testigos de la elite política y económica islandesa que declararon durante el juicio culpó directamente a Haarde de la crisis. En sus conclusiones antes de la sentencia, la fiscal no pidió tampoco una pena concreta para Haarde, si bien consideró que era culpable de no haber reducido las consecuencias de la crisis, ni escuchado a las señales de advertencia, ni haber hecho lo suficiente para obligar a los bancos a reducir su tamaño o a trasladar a otros países sus filiales más problemáticas.

Los tres principales bancos de Islandia, cuyo volumen de negocios había llegado a superar diez veces el PIB de este país de unos 320.000 habitantes, colapsaron uno detrás de otro en octubre de 2008, lo que situó al país en una situación crítica y le obligó a recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las protestas populares provocadas por la crisis forzaron la salida del gobierno de conservadores y socialdemócratas, dirigido por Haarde, unos meses después y la convocatoria de elecciones anticipadas en abril de 2009, de las que salió un nuevo gobierno integrado por socialdemócratas y "rojiverdes".

El Althingi (parlamento islandés) dio luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuese llevado a los tribunales, siguiendo el consejo de la comisión parlamentaria de investigación. Pero el Parlamento no hizo lo mismo con otros tres ex ministros de su gabinete, dos de ellos socialdemócratas, señalados también en el informe de la comisión