Los interventores de la petrolera argentina YPF han puesto en marcha una auditoría de la empresa y han decidido aumentar su producción, entre otras medidas en el curso del proceso de su expropiación a la española Repsol, han informado este miércoles fuentes oficiales.

"Se resolvió aumentar el refino total un 5%, se trabaja con los expendedores (de combustibles) para renegociar las condiciones financieras y se comenzó la auditoría" con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), señala un comunicado de los interventores de YPF publicado en la web del Gobierno argentino.

Los interventores anunciaron que se han tomado medidas para aumentar la producción, ahorrar divisas e investigar la gestión de Repsol por el "desabastecimiento" de combustibles registrado en los últimos meses.

"El trabajo en estos primeros días de la intervención se ha centrado en el análisis y comparación de los datos con los que se ha hallado la empresa en materia de abastecimiento", agregó. Los interventores nombrados el lunes por el Gobierno, encabezados por el ministro de Planificación, Julio De Vido, subrayaron que las auditorías responden a "la preocupación" por una supuesta "desinversión" de Repsol, dueña del 57,43% de las acciones de la petrolera.

La intervención resolvió aumentar el refino total en un 5%, "optimizando la producción y agregando 66.000 metros cúbicos mensuales de crudo". "De esta manera, el volumen de fuel oil disponible para las centrales térmicas (generadoras de energía) se incrementará en 60.000 toneladas por mes, lo cual representará un ahorro de divisas de 21,1 millones de dólares mensuales (16,1 millones de euros)", apuntó el comunicado.

A partir de este miércoles, agregó, se "re-direccionará la producción de gas" del yacimiento El Portón, en la provincia de Neuquén (sur), "lo que permitirá incrementar la inyección diaria en el sistema nacional en 2,2 millones de metros cúbicos adicionales" del hidrocarburo, con "un ahorro aproximado de 50 millones de dólares mensuales".

Asimismo, "se pondrán en actividad en las próximas semanas 14 equipos de perforación adicionales a los actuales y 8 equipos de reparación" de pozos petroleros. "El impacto de esta medida se traduce en que se realizarán 130 perforaciones y más de 400 reparaciones adicionales a las previstas hasta diciembre, con un incremento estimado de la producción de petróleo en dos millones de barriles, es decir un 2,5% de la producción anual actual, permitiendo el ahorro de divisas", indicó.

Para "garantizar el normal funcionamiento" de YPF "se analiza la política de segmentación del mercado y la discriminación de precios llevada adelante por la anterior gestión", con especial interés en "investigar" los factores que "provocaron el desabastecimiento de combustibles, tanto para el uso particular como empresarial".

En este sentido, señaló que "se iniciaron gestiones con bancos, clientes y proveedores" para "volver a proveer a las estaciones de servicio de combustible y abastecer a la industria".

La intervención nombró delegados que trabajarán "ad honorem" (gratuitamente) "en las principales gerencias y direcciones" de la compañía "hasta que se apruebe" la ley de expropiación y "se designe un nuevo directorio".

El Senado argentino, de mayoría oficialista, analiza este miércoles por segundo día consecutivo el proyecto gubernamental recibido el lunes para expropiar el 51% de las acciones Clase D de YPF en manos de Repsol con vistas a obtener un dictamen para su debate la semana próxima en la Cámara Alta.

El Gobierno español, por su parte, trasladará a la reunión de ministros europeos de Exteriores del próximo lunes una solicitud para que la Unión Europea eleve una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de Argentina por la nacionalización de YPF, indicaron fuentes del Gobierno.

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobará este viernes un paquete de medidas contra Argentina que afectará a los ámbitos del comercio, la industria y la energía. Una de las opciones posibles, aún no cerrada, es la orden de protección del biodiésel español frente al argentino.

La OMC está estudiando la posibilidad de formar un panel para recoger todas las denuncias contra Argentina y analizar la posible aplicación de medidas de retorsión, lo que, a efectos prácticos, equivale a sanciones concretas. La organización no actúa sobre inversiones concretas de una empresa, sino sobre flujos comerciales. El caso de YPF, podría inscribirse en el ámbito de la prestación de servicios, en el que ya se han detectado incumplimientos por parte de Argentina.

Por otra parte, Repsol tiene la posibilidad de denunciar al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante el tribunal internacional de arbitraje (Ciadi) a la luz del acuerdo recíproco de inversiones entre España y Argentina. La competencia sobre este tratado la tenía hasta ahora España, pero con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa es la UE quien asume esta responsabilidad.