El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha trasladado a la juez Mercedes Alaya que "no tiene" medios para "hacer frente" a la fianza de 686.190.686,36 euros que le impuso la magistrada en concepto de responsabilidad civil.

De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, remitió el pasado día 16 de marzo un escrito a la cárcel Sevilla-I, donde permanece recluido Guerrero desde el día 10 de marzo, a fin de que le fuera requerido el pago de la fianza, pero el imputado alegó que "no tiene para hacer frente" a la misma y que "tiene un piso en El Pedroso de su propiedad con una hipoteca", según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, y durante una comparecencia celebrada en la cárcel, un funcionario le notificó el auto de la juez acerca de la fianza impuesta y le trasladó el apercibimiento de que, en caso de impago, se procederá al embargo de bienes de su propiedad, ante lo cual Francisco Javier Guerrero alegó que "no tiene" para "hacer frente" al pago, ya que mantiene régimen de separación de bienes respecto a su esposa.

De igual modo, y durante la comparecencia celebrada en la prisión de Sevilla-I, el principal imputado por el caso de los expedientes de regulación de empleo informó de que le ha dicho a su abogado, Fernando de Pablo, que "preste en el Juzgado relación de su patrimonio, activo y pasivo".

Hay que recordar que, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se impusiera al imputado una fianza de 933 millones de euros, la magistrada decidió rebajarla a 686 millones, fianza que "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución de las ingentes cantidades de dinero que, de manera presuntamente ilícita, han salido del erario público", tras lo cual analizó una serie de factores para determinar la misma, en primer lugar "los sólidos indicios que existen" contra el imputado, "de forma que efectuando un cálculo de probabilidades es previsible que pudiera resultar condenado".

En segundo lugar, hace mención la juez al "peligro del daño derivado del inevitable retraso en la resolución definitiva de la causa, que aquí resulta todavía más importante por la extensión de la misma, y que por dicha razón se demorará más allá de lo deseable el enjuiciamiento de los hechos", mientras que, en última instancia, cita "el principio de proporcionalidad", que "conecta con el valor de lo justo, con la idea de moderación, medida justa y equilibrio".

Sus superiores "pudieron advertir la presunta ilegalidad"

En cuanto a las ayudas sociolaborales concedida por Guerrero durante su mandato, atiende "a las fechas de los diferentes convenios coincidentes con el periodo de mandato del imputado", y ello "al entender que, aunque pudo haber ayudas comprometidas por el imputado en las cuales los convenios se firmaron con fecha posterior, los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes de ayuda iniciados, no continuando los pagos y, en su caso, poniendo en marcha los procedimientos de reintegro", pues se trataba de ayudas "absolutamente discrecionales, concedidas a entidades próximas a la Administración y completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido".

Siguiendo con las ayudas sociolaborales, "incluidas facturas de asesoramiento a empresas", analiza las ayudas concedidas entre 2001 y 2008, en cuyos cuatro primeros meses Guerrero "ordenó el pago" de 65.220.175,86 euros, y dice que el total de ayudas concedidas es de 456.127,8444 euros.

En cuanto a las ayudas abonadas a las empresas, la magistrada analiza "solamente las efectivamente abonadas, con independencia que consten concedidas muchas otras", como son las ayudas pagadas a las empresas de José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, que según la juez ascienden a 15.649.361,24 euros, mientras que las sociedades vinculadas a las anteriores recibieron 2.580.657,87 en ayudas.

Las ayudas al hermano del expresidente borbolla

De su lado, según indica la magistrada, las empresas dedicadas al corcho y demás empresas relacionadas con Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, recibieron de Guerrero ayudas por importe de 8.408.096,42 euros, una cifra en la que no incluye las que no fueron efectivamente pagadas.

La magistrada, a la hora de estipular la fianza, tiene en cuenta también que las ayudas recibidas por el resto de las empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, incluidos los ayuntamientos de Guadalcanal y San Nicolás del Puerto, ascendieron a 6.746.485,32 euros, mientras que las empresas relacionadas con el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, recibieron 1.350.000 euros, y el resto de las empresas de la región percibieron ayudas por valor de 21.840.565,01 euros, lo que hace un total de 59.610.277,93 euros.

En relación a las primas recibidas por los 'intrusos', la juez Alaya concluye que las mismas ascendieron a 3.080.867,78 euros, mientras que los 'pagos cruzados' ascienden a 4.019.999,80 euros. Todas estas cantidades hacen un total de 522.838.989,51 euros, a lo que la juez suma otros cinco millones "en previsión de futuras responsabilidades, de la aparición de nuevos 'intrusos' comprometidos por Guerrero o de nuevos pagos cruzados", y un tercio previsto por la Ley, exigiéndole a Guerrero finalmente 686 millones.