El diputado de Foro en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, ha presentado una proposición no de ley para que se refuerce la autoridad del profesorado en el ejercicio de su labor en las aulas. "Para ello, el Gobierno deberá llevar a cabo una legislación básica, y por ello homogénea, en toda España, que proteja a los docentes en su trascendental labor", ha señalado Sostres.

En concreto, la proposición no de `ñey pide que el Congreso inste al Gobierno a "que establezca la consideración como autoridad pública del profesor en el ejercicio de sus funciones, y dicha consideración sea reconocida como norma de carácter básico con el fin de establecer y asegurar la homogeneidad del sistema escolar en esta materia".

En la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria, Sostres afirma que "los cambios sociales, el desprestigio de las instituciones y la disminución del respaldo de las familias, ha provocado en los últimos tiempos, entre otras consecuencias, la pérdida de la autoridad del profesor".

"El docente, en la actualidad, no siente el respaldo de la propia sociedad y tampoco de la legislación para ejercer su autoridad en las aulas, entendiendo por autoridad el concepto que emana, no del poder, sino de la dignidad, el respeto y la legitimidad que se entiende deben ir unidos al ejercicio de la docencia", asegura el diputado.

Se hace, por tanto, necesario, en opinión de Álvarez Sostres, "reforzar la autoridad del profesor, que sufre muchas veces la situación de desprotección respecto a alumnos y familias, con una legislación clara que lo considere una autoridad pública".

Esta iniciativa parlamentaria pretende la homogeneidad en la legislación a aplicar en toda España para el reconocimiento del profesorado como autoridad pública, mediante su introducción en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, o en el futuro Estatuto del Profesorado.

Actualmente sólo tres comunidades autónomas han legislado al respecto, incorporando ese concepto a su normativa. Se trata de Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja, cuyos parlamentos aprobaron sus leyes respectivas entre junio de 2010 y marzo de 2011.

Las tres leyes coinciden en fijar como objetivo reconocer y reforzar la autoridad del personal docente en el ejercicio de sus funciones, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.