El consejero de Cultura en funciones, Paulino Plata, ha subrayado que la decisión sobre el conflicto en torno a la torre de 178 metros de altura que promueve Cajasol en la isla de la Cartuja, con proyecto del arquitecto argentino César Pelli, corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, que "es quien dio la licencia". No obstante, ha dicho que la Junta de Andalucía "está dispuesta a colaborar"; eso sí, "en los aspectos técnicos", no de otra índole.

"La decisión de hacer la torre y quien dio la licencia fue el Ayuntamiento, por lo que tiene que ser éste el que tome la decisión", ha manifestado Plata, insistiendo en que el Gobierno andaluz "está dispuesto a colaborar, pero en los aspectos técnicos, no en los financieros que se puedan derivar de la paralización de esa obra".

A juicio de Plata, que ha visitado este viernes en la capital malagueña las obras de rehabilitación del Palacio de la Aduana, que albergará el Museo de Málaga, "las cuestiones complejas" derivadas de la paralización de la torre podrían ser abordadas por el Ayuntamiento de Sevilla a través de "un sistema de compensación". COMPENSACIONES

"Las aportaciones financieras o las compensaciones económicas o de otro tipo, que creo que son las más razonables que se pueden manejar para este caso, tiene que plantearlas el propio Ayuntamiento", ha declarado.

Plata se pronunciaba así después de que el comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), se reunirán este pasado jueves para debatir sobre el conflicto en torno a esta torre.

Los efectos de este proyecto urbanístico sobre los tres monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad —la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias— están siendo examinados a través de un expediente incoado por la Unesco, que ha evaluado el caso de Sevilla en varias sesiones de su Comité de Patrimonio Mundial y ha recomendado la paralización eventual del proyecto, pero no ha adoptado una resolución definitiva hasta el momento.

La Unesco, en el marco de este expediente, había requerido a España que antes del 1 de febrero de 2012 entregara un informe sobre "el estado de conservación" de los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad, dando, además, cuenta de la evolución de la torre.