El Gobierno de Extremadura trasladará a la Fiscalía los datos que ha desvelado la auditoría realizada a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) relativa al año 2010, ya que considera que "puede haber indicios de responsabilidad penal" en la gestión.

El Consejo de Gobierno ha decidido en su reunión de este viernes, informar al Ministerio Fiscal sobre estos datos, "por el uso y casi abuso del dinero público en esta empresa, que no es de unos pocos, sino de todos los ciudadanos extremeños", ha explicado el presidente del Gobierno regional, José Antonio Monago, en rueda de prensa.

En su intervención, Monago ha considerado que la gestión que se realizó en GPEX durante 2010 supone una "presunta vulneración" de los principios de transparencia, austeridad y eficacia que deben regir el funcionamiento de toda empresa pública.

Según ha aseverado, la presentación de este informe a la Fiscalía se hace "por responsabilidad con Extremadura, y con todos y cada uno de los ciudadanos que conforman esta tierra", así como "por respeto al ordenamiento jurídico y al dinero público".