El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha desvelado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido sometido a una investigación ilegal durante el anterior Gobierno socialista, cuando era ministro del Interior Antonio Camacho.
Así lo ha asegurado este martes durante su intervención en el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del parlamentario socialista Enrique Cascallana sobre la opinión del Gobierno en relación con la consulta de González al director general de la Policía sobre una supuesta investigación que se realizaba sobre su persona.
Esa investigación se cerró a principios de este año al no haber indicios de delitoTras negar que hubiera ninguna investigación judicial o policial "regular", Fernández Díaz ha dicho que "a finales del mes de julio y principios del mes de agosto" de 2011 González fue "investigado irregularmente al margen de los protocolos establecidos".
"Esa investigación se cerró a principios de este año al no haber indicios de delito. Lo que vamos a investigar ahora es quien ordenó esa investigación ilegal", ha dicho Fernández, según el cual esa investigación ilegal se llevó a cabo sin que conste en los archivos de la Institución.
Ha añadido que "a una autoridad policial se le ordenó que investigara de manera discreta" a González.
Ático de lujo
Según una información publicada en marzo en el diario El Mundo, la policía investigaba si un ático de lujo de casi 500 metros cuadrados en la Costa del Sol del que disfruta González puede ser el pago de una comisión, de acuerdo a una declaración de un testigo de la trama de corrupción Gürtel.
El vicepresidente salió al paso de esta información y tras negar que esté relacionado con la trama Gürtel aseguró que el ático no es propiedad suya, sino que es alquilado y lo paga "conforme a lo estipulado" al propietario.
González añadió que el director general de la Policía le había informado de que "no existe ninguna información, ni ninguna investigación oficial por parte de la policía", y anunció que, en el momento que se publiquen las pruebas sobre la supuesta investigación, tomaría la decisión de presentar acciones legales.
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