La juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo ha cortado la intervención del etarra Jon Kepa Preciado en el juicio que se celebraba por la colocación de un coche-bomba que ETA intentó hacer estallar el 1 de julio de 2003 frente a la sede de la compañía Iberdrola en Bilbao cuando éste intentaba denunciar "torturas" por parte de la policía. "¡Venga, venga, venga! ¡Buenas tardes!", le ha espetado.

El incidente se ha producido al final de la vista oral cuando el etarra, para el que el fiscal ha pedido seis años de cárcel por colaborar en este atentado, ha manifestado su intención de "aprovechar" su turno de palabra y "decir lo que quería decir". "No me interrumpa —le ha dicho la juez Murillo—, lo que vaya a decir que sea en orden a su defensa, no para que usted diga lo que quiera".

A pesar de la advertencia de Murillo, que en otro momento del juicio ha amenazado con expulsar a Preciado por los comentarios que estaba haciendo durante la declaración de un mando de la Ertzaintza, el etarra ha pronunciado unas palabras en euskera para dirigirse a la presidenta del tribunal.

"Usted le da protección a los sucios torturadores y luego no tiene en consideración el sufrimiento de los demás", ha asegurado el terrorista ante la negativa de Murillo de permitirle ejercer su turno de última palabra para usarlo con otro objetivo que no sea el de defenderse, motivo por el que ha pedido a los agentes que custodiaban al acusado que desalojasen la sala de vistas.

Por su parte, la Fiscalía ha mantenido su petición de seis años de prisión para el etarra por un delito de robo con fuerza con finalidad terrorista y otro por falsedad de placas de matrícula. Así lo ha afirmado el fiscal Pedro Martínez en su informe de conclusiones finales en el que ha elevado a definitiva su petición de pena, ya que ha asegurado que la prueba de cargo es suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado.

Para el representante del Ministerio Público los informes periciales presentados en la vista son concluyentes y acreditan que la autoría de las grafías que aparecieron en el artefacto debe imputársele al etarra tras el cotejo de las mismas con unas cartas que Preciado mandó a su novia y otras dirigidas a la juez francesa Laurence Le Vert en las que le pedía beneficios penitenciarios.

Según el relato del fiscal, el 29 de junio de 2003 el acusado, junto con los otros dos integrantes del "comando Anuk", Gorka Martínez Azkarazo -ya condenado por estos hechos- y Eneko Aguirresarobe, robaron un vehículo del aparcamiento de la playa de Laga de Ibarrangelua (Vizcaya).

Después lo trasladaron hasta una lonja situada en Galdakao (Bizkaia), sustituyeron las placas del coche, fabricaron un artefacto con 12 kilos de tytadine y lo introdujeron en el coche robado para después aparcarlo en la parte trasera de la empresa Iberdrola situada en el barrio bilbaíno de San Adrián. Posteriormente una llamada del diario Gara advirtió a la Ertzaintza de la colocación del artefacto, por lo que se pudo evitar que explosionara.

"El artefacto tenía unas inscripciones, unas grafías con apuntes de nombres de activistas de ETA que habían fallecido como producto de artefactos o bien por operaciones de la Ertzaintza, así como una leyenda que decía 'comeros esta cabrones'", ha asegurado uno de los agentes de la Ertzaintza que ha testificado en la vista.

Por su parte, uno de los peritos ha asegurado que el artefacto tenía un sistema trampa y ha añadido que "la bomba real estaba dentro del maletero y llevaba un sistema antimovimiento que en el momento que se hubiera movido, les hubiera reventado y hubiera causado lo que no queremos que cause". Durante un momento de la sesión, Preciado se ha dirigido a un miembro de la Ertzaintza que estaba prestando declaración en ese momento, y le ha llamado "torturador", motivo por el que la presidenta de la sala le ha llamado al orden.

Preciado fue detenido en la localidad gala de Limoges en febrero de 2004 junto a Jon González González y en el momento de su arresto ambos portaban armas de fuego y documentos de identidad falsificados, así como acreditaciones falsas de policía. La Audiencia Nacional le condenó en 2007 a nueve años de cárcel como integrante del "comando Vizcaya" y por tenencia de explosivos.