Durante el juicio celebrado este martes en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche (Alicante), el procesado ha aceptado los delitos que se le imputaban, y por los que el fiscal pedía una pena de 14 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta y otros 6 años para el ejercicio de empleo o cargo público.

En la vista, que ha concluido con conformidad, el ministerio público ha aceptado rebajar su petición hasta una pena de un año y medio de prisión y una inhabilitación de 4 años, según han indicado las mismas fuentes.

Según el escrito de acusación del fiscal, el imputado se apoderó de cerca de 90.000 euros a través de la modificación manual de los datos de los programas informáticos del departamento municipal en el que trabajaba, tanto los relativos a valores en recibo como a certificaciones.

Para ello, hacía desaparecer de los programas los recibos correspondientes a las deudas que los contribuyentes ya habían pagado, hasta que en 2007, cuando se percató de que estaba siendo investigado, efectuó el ingreso de la cantidad que supuestamente se había apoderado.

Además, el fiscal hace constar en su escrito que el implicado aceptaba cobros en metálico de las deudas en ejecutiva, a pesar de que esta práctica no estaba permitida por el ayuntamiento. Cuando se destapó el caso, el encausado devolvió el dinero a las arcas municipales.