El 44% de las personas dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir algún servicio o prestación en Galicia no recibe atención, lo que deja a la comunidad como la segunda, solo por detrás de Canarias, con más personas en esta situación, casi 28.000, de acuerdo con un informe elaborado por CC.OO.

La secretaria de Política Social e Seguridade Social del sindicato, Adela Poisa, ha presentado el estudio, junto al economista de CC.OO. Manuel Lago, y ha destacado que la aplicación de la ley de dependencia "está mal en todo el Estado, pero en Galicia va francamente mal", puesto que la comunidad lleva la implantación "con retraso".

El documento, elaborado con datos actualizados el 1 de enero de 2012, recoge que en Galicia se presentaron un total de 89.625 solicitudes y se han emitido 79.797 dictámenes, de los que 63.326 reconocen algún grado de dependencia. Sin embargo, "solo hay 35.199 beneficiarios con prestación efectiva".

Esto último supone que la persona que ha presentado la solicitud tiene un PIA —Plan Individualizado de Atención—, que determina a qué servicios o prestaciones tiene derecho a acceder. No tener este plan, ha indicado Poisa, equivale a estar "fuera del sistema".

Respecto a las 28.000 personas que permanecen "en lista de espera", Manuel Lago ha considerado que es una cifra "inaceptable", pues representa a "casi" la mitad de las personas con algún grado de dependencia reconocido. El porcentaje es superado únicamente por el 60% de Canarias, aunque en términos absolutos tienen más dependientes en lista de espera la Comunidad Valenciana (29.754), Cataluña (61.002) y Andalucía (74.920), comunidades que están también más pobladas.

Lago ha considerado que en Galicia existe "un problema especial de gestión", puesto que la comunidad ocupa el puesto número 12 en número de dictámenes, cae al 13 en la cantidad de beneficiarios con PIA y la comparación en las listas de espera la deja como la segunda con más dependientes aguardando por los servicios. "Vamos retrasados en todo; se hacen menos PIA y la aplicación concreta va más retrasada en Galicia que en cualquier otro sitio de España, salvo Canarias", ha resumido.

Además, para el sindicalista, el Gobierno gallego "demora a propósito" los procesos para evitar reconocer las atenciones como una vía de ahorro. Las políticas de la Xunta, ha criticado, "constriñen" la prestación de los servicios y esto, unido a la bajada en los Presupuestos Generales del Estado y a la moratoria que establecen para la atención a la dependencia lleva a que "ahora la situación es de parálisis".

Los representantes de CC.OO. han trasladado también la preocupación por la evolución de los datos, pues las personas con derecho reconocido han pasado de 44.762 en enero de 2010 a 63.176 al comenzar 2012, pero las que tienen PIA han subido menos, de 30.530 a 35.199. Por su parte, las que están en lista de espera han pasado de 14.232 (el 32%) a 27.977 (el 44%). PROPUESTAS

Para el sindicato el peso de las prestaciones económicas en Galicia es "excesivo", puesto que son el 53%. Adela Poisa ha explicado que la propuesta defendida por UGT y CC.OO. en las mesas del diálogo social es reducir este tipo de ayudas y aumentar la prestación de servicios.

Poisa ha explicado también las propuestas que hace CC.OO. en este ámbito, entre las que ha incluido que se elabore un plan de "relanzamiento" de los PIA; modificar el sistema de copago en el que trabaja la Xunta, puesto que establece "un techo de renta para empezar a pagar muy bajo"; trabajar en la coordinación sociosanitaria; dar más transparencia al sistema para que los usuarios puedan consultar el estado de su solicitud, o confeccionar un plan de empleo en el sector.

Respecto a la financiación, ha explicado que el Gobierno central ha establecido en las cuentas para este año que el nivel acordado —que da financiación teniendo en cuenta particularidades de cada comunidad para facilitar los servicios— "desaparece", lo que "afecta muy directamente a Galicia", por lo que CC.OO. reclama recuperarlo.

También ha apostado por que sean los juzgados de lo social los que atiendan los recursos que presentan los dependientes, en lugar de acudir a la vía contencioso-administrativa, más cara y lenta. De hecho, Poisa ha indicado que son "muy pocos" los que protestan porque "mueren" antes de obtener una resolución.