Los dos eurodiputados del Parlamento Europeo que han inspeccionado las obras de la M-30, el socialista irlandés Proinsias de Rossa y la representante danesa de Los Verdes Margarete Auken, consideran que los trabajos han incumplido la preceptiva evaluación de impacto ambiental comunitaria.

Sin 'DIA'

"Lo más clarividente de esta visita ha sido el encuentro con los vecinos afectados por las obras, porque son los que han sufrido las consecuencias de que un proyecto de unas dimensiones tan colosales no haya tenido DIA", apuntó Auken.

'DIA' es una Declaración de Impacto Mediambiental, la cual hubiera sido necesaria para unos trabajos de esta envergadura, según los europarlamentarios.

Para ambos "es indiferente que la M-30 sea una calle o una autovía porque lo que cuenta no es el nombre sino las dimensiones de la obra, y estas dimensiones evidencian que la DIA en la M-30 era ineludible", afirmaron.

La eurodiputada danesa dijo no explicarse "cómo alguien puede siquiera imaginar la posibilidad de eludir la legislación europea cambiando una autovía de nombre".

Por otra parte, los eurodiputados criticaron la actitud del gobierno regional y que ninguno de sus representantes oficiales -al no estar la presidenta, el vicepresidente o alguno de sus consejeros- se haya reunido con ellos.

"Pérdida de tiempo"

Los eurodiputados consideraron una "pérdida de tiempo" la reunión mantenida  con dos directores generales de la Comunidad de Madrid.

Ambos lamentaron, en declaraciones a los periodistas, no haber sido recibidos por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que se encuentra de viaje oficial en Israel.

Margarete Auken considera que deberían haberse reunido con responsables políticos y no con funcionarios y consideró el encuentro una "gran pérdida de tiempo".

La Comunidad mantiene su postura

A través de un comunicado, el Gobierno de la Comunidad informó de que en la reunión se explicó a los eurodiputados que las vías urbanas no precisan de declaración de impacto ambiental, según la normativa estatal y autonómica.

En el caso de la M-30, recordaron que la Comunidad solicitó un informe específico al Consejo de Estado, que dictaminó que se trataba de una vía urbana, por lo que no era precisa la declaración de impacto ambiental.

Posibles sanciones

En todo caso, los parlamentarios señalaron que las administraciones tienen tiempo para rectificar y de ralizar la DIA de las obras en curso.

De no ser así, el Tribunal de Justicia Europeo podría sancionar a España.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya advirtió al Ayuntamiento de que en caso de sanción, serán el Consistorio y el gobierno de la Comunidad quienes se hagan cargo del importe.