El diputado nacional Francisco Garrido entiende que «estamos ante delitos urbanísticos e indicios de delitos de corrupción». Su agrupación le pide que investigue la recalificación de las fincas de los Guardiola, caso que ya instruye el Juzgado de Sanlúcar la Mayor. Incluso apunta que hay empresas beneficiadas con el convenio que se relacionan con la operación Malaya (Marbella).
Asimismo, denuncia un presunto delito de soborno, que el PSOE ya anunció en un boletín que envió a los vecinos en enero. Apuntó que el Gobierno municipal le propuso (y al PA) una cantidad económica a cambio de votos a favor de varios convenios urbanísticos.
El grupo de Los Verdes quiere, además, que estudie la destrucción de siete zonas arqueológicas y la construcción del pabellón deportivo cubierto, entre otros puntos.
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