El Gobierno ha dado este viernes un paso más en su estrategia de reestructuración y adelgazamiento del sector público empresarial.

Quieren "poner orden en casa", ha explicado la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, igual que están haciendo a otros niveles el Consejo de Política Fiscal y la Comisión Nacional de la Administración Local. Y quieren hacerlo bajo los principios de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria".

El Consejo de Ministros ha anunciado la extinción de 24 de las 173 sociedades mercantiles estatales existentes (dato correspondiente a un avance de 2011), entre ellas, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S.A. (INSA), y Remolques Marítimos, S.A. (REMOLMAR); y también la extinción o fusión de 9 fundaciones estatales.

Asimismo, se van a agilizar las liquidaciones ya iniciadas de algunas sociedades, como es el caso de Barcelona Holding Olímpico o Izar, y se desinvertirá en otras ocho, entre ellas, Olimpic Moll, Colonización y Transformación Agraria (CYTASA).

Todo esto supone, la extinción "del 17% del sector público" empresarial en España. En total, "suprimimos o desinvertimos en 80 sociedades", ha explicado Sáenz de Santamaría, que no ha dado una cifra total del ahorro que va a suponer esta acción, pero sí ha destacado que desaparecerán "154 consejeros en consejos de administración" y que solo en sueldos y dietas de esos consejeros se producirá un ahorro de más de un millón de euros al año.

El Consejo ha aprobado también un mandato para los consejos de administración de las sociedades afectadas para aprobar un plan de redimensionamiento en el que deberá analizarse la adecuación a la nueva situación de las estructuras organizativas, laborales o inmobiliarias, sin que, en ningún caso, pueda haber un incremento alguno en la masa salarial, según explica la referencia.

Además, se prevé el traspaso de la titularidad de las acciones de la Sociedad de Correos, S.A. desde la Dirección General del Patrimonio del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al considerar que las características de esta última se ajustan mejor a las de la empresa.

La vicepresidenta ha indicado que este plan se complementa con otras medidas aprobadas anteriormente como la limitación de las indemnizaciones a directivos del sector público, la limitación de consejeros y la retribución de presidentes y personal directivo. Según datos del Banco de España hechos públicos este mismo viernes, la deuda de las empresas públicas de la Administración central ascendía en diciembre de 2011 a 32.667 millones de euros.

En España hay unas 4.000 entidades públicas: 2.381 empresas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, según datos que ofreció recientemente la propia vicepresidenta del Gobierno. El pasado mes de febrero, el Ejecutivo ya advirtió de que quería reducir esta cifra en un 20%.

Algunas de estas entidades dependen de la Administración central (449 en 2011, de varios tipos y con 180.000 empleados, aproximadamente), otras dependen de las comunidades (2.290) y otras de las corporaciones locales. El Estado también participa en otras empresas (585), consorcios (130) y fundaciones (53) de forma minoritaria, según datos de 2010; el Gobierno prevé la desinversión de su participación en 35 de ellas.

Un ejemplo de participación minoritaria es la Fundación Carolina, cuyo nuevo director podría ser, según algunas informaciones, el hermano de la secretaria general del PP. Según datos del inventario de entes del sector público estatal, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está presente en ella en un 2,63%. Entre el resto de fundadores o asociados, se encuentran el Banco Santander (39,48%) y Repsol YPF (39,47%).

Por último, se encuentran los llamados grupos consolidables estatales (26), entre los que se incluyen el Grupo Loterías y apuestas del Estado y el Grupo consordio zona franca de Cádiz, que se verá afectado por las medidas adoptadas este viernes.

Los 449 entes contabilizados del sector público Estatal están adscritos a alguno de los ministerios del Gobierno (el Banco de España se contabiliza aparte). Los datos existentes corresponden a 2011 y a los ministerios entonces vigentes.

Así, el ministerio que más entes tiene adscritos es el de Economía y Hacienda (125). Le siguen Fomento (94), Industria, Turismo y Comercio (51), Trabajo e Inmigración (34), Medio Ambiente y Medio rural y marino (29), Ciencia e Innovación (27), Cultura (18), Sanidad, Política Social e Igualdad (13), Defensa (13), Asuntos Exteriores (11), Educación (10), Presidencia (8), Política Territorial (5), Justicia (4) e Interior (3).

En cuanto a las entidades dependientes de las comunidades autónomas, en 2010 el Consejo de Política Fiscal acordó suprimir 514. En enero de 2012, tras comprobar que aquella decisión no se había materializado ni en un 14%, las comunidades se comprometieron con el Ministerio de Hacienda a liquidar, antes del 31 de diciembre de este año, alrededor de 400 empresas, organismos autónomos o fundaciones.