El PSN ha presentado una declaración institucional para que el Parlamento de Navarra muestre su rechazo a las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en las que relacionaba el aborto con una violencia estructural contra la mujer.

La iniciativa socialista se debatirá en la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del próximo lunes e incluye un apartado en el que se pide al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que rectifique las declaraciones del ministro

La propuesta rechaza "de forma contundente" las palabras de Gallardón "por considerarlas indignas e impropias de un representante de la ciudadanía española en una sociedad democrática y avanzada del siglo XXI".

Según se recoge en el texto de la declaración institucional socialista, "el señor Gallardón demuestra desconocer tanto el concepto de violencia de género como las dramáticas consecuencias que sufren muchas mujeres en España a causa de la violencia que contra ellas se ejerce".

El PSN asegura que las palabras de Gallardón suponen considerar a las mujeres "como ciudadanas de segunda y vuelven a situarla en una posición de minoría de edad, a la vez que se confirma que las políticas del PP en esta materia suponen un retroceso en los derechos de la mujer y en el avance de las políticas de igualdad".

La declaración institucional presentada por el PSN recuerda que en diciembre de 2010, el Gobierno de Navarra y el de España, la Fiscalía Superior de la Comunidad, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Navarra de Municipios y Concejos firmaron un 'Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres' donde se considera que "la violencia contra las mujeres es una de las formas más graves de discriminación de género y que constituye una violación de los Derechos Humanos fundamentales".

Dicho acuerdo recoge textualmente que "la violencia contra las mujeres abarca todos los actos de violencia de género, sin limitarse al concepto de la misma establecido por la Ley Orgánica 1/2004, que produzcan o puedan producir daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos a las mujeres, incluidas las amenazas sobre dichos actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, ya se den en el ámbito familiar, laboral o social y se realicen en público o en privado y, en concreto, todos los tipificados como delito o falta en el Código Penal vigente".