Definitivamente, ante la envergadura del problema de los desahucios, las Administraciones no han podido seguir mirando para otro lado. Desde el Gobierno central se ha decidido "animar" a los bancos a aceptar la dación en pago en casos de familias sin ingresos. Parece que algunos ya están haciendo caso.
Pero también las Administraciones autonómicas vienen haciendo o van a hacer algo al respecto. El último en anunciarlo ha sido el Gobierno Vasco, que pondrá en marcha antes de dos meses un servicio de mediación para evitar el "drama" que supone que el impago de la hipoteca termine en desahucio.
Euskadi busca una segunda oportunidad
Los departamentos de Justicia y Vivienda del Gobierno Vasco ultiman, junto con la asociación Stop Desahucios, representantes de la Administración de Justicia y de las entidades financieras, un servicio de mediación que tratará de evitar que los impagos de las hipotecas terminen en ejecuciones hipotecarias.
Se trataría de dar una segunda oportunidad cuando ha fracasado la primera negociación entre el cliente y su banco, para alcanzar un acuerdo que sea viable respecto a la capacidad económica de la familia afectada y plantear así una liquidación ordenada de la deuda.
El servicio vasco de mediación funcionará de manera similar al que ya existe en Cataluña con el objetivo de que las familias mantengan sus viviendas mediante la renegociación de las condiciones de la deuda con el banco, en un acuerdo que será de interés a las dos partes afectadas, como fase previa para evitar una intervención judicial.
Cataluña propone un convenio a los bancos
En Cataluña intentan afinar el mecanismo y la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad ha pedido a bancos y cajas que firmen un convenio a través del cual se comprometan a someterse de forma obligatoria a una mediación con la Generalitat antes de presentar un proceso de ejecución hipotecaria en caso de impago de hipotecas.
El convenio, que prestará una especial atención a los casos en que la vivienda afectada sea vivienda habitual, establecerá también una cláusula para evitar que se apliquen intereses abusivos, lo que el Gobierno catalán considera que se da cuando se sobrepasa en 2,5 veces el tipo de interés legal.
Asimismo, la Generalitat también planteará un convenio para los ayuntamientos que tienen servicios de mediación hipotecaria con el objetivo establecer un sistema de protocolo único entre la administración local y el Govern a la hora de mediar con las entidades financieras.
Desde el inicio de la mediación hipotecaria en 2010, la Generalitat ha recibido más de 1.000 consultas, de las que unas 700 han acabado con mediación con entidades financieras, y de las que dos terceras partes han encontrado una solución alternativa al desahucio.
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