La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tendrá preparado en un mes el estudio que está elaborando para definir el estado actual de las retribuciones de cargos electos locales y así poder "establecer criterios objetivos" a la hora de homogeneizarlas. El documento será entregado al Gobierno de cara a la elaboración del proyecto de la Ley de Transparencia que el Consejo de Ministros aprobará en próximas fechas.

El vicepresidente primero de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha indicado este miércoles en declaraciones a Europa Press que la elaboración de este estudio está muy avanzada y que a finales de marzo será analizado en la próxima reunión de la Junta de Gobierno de esta institución.

El documento se encargó el pasado mes de noviembre, cuando ya se sabía que el PP gobernaría con mayoría absoluta, después de que la Junta de Gobierno aprobara una iniciativa para proponer al Ejecutivo central la reforma del sector público de las entidades locales con el objetivo de simplificarlo y ahorrar costes.

La intención de la FEMP es elaborar un estudio que defina el estado actual de dichas retribuciones y así poder "establecer criterios objetivos" a la hora de homogeneizarlas, además de aportar "transparencia" a la gestión de la Administración pública.

Las gestiones para la elaboración de este estudio se han acelerado después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara hace dos semanas en el Congreso que la Ley de Transparencia que se aprobará próximamente prevé homogeneizar la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales y establecer un marco de referencia de salarios de altos cargos en el conjunto de la Administración.

En este marco, el presidente del Gobierno también habló de reducir las subvenciones a los partidos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, así como continuar adelgazando estructuras administrativas, redimensionar el sector público empresarial, presentar un plan de reducción del gasto corriente en la administraciones y elevar a rango de ley una serie de principios éticos y de conducta que rijan la actuación de los altos cargos y miembros del Gobierno.