La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings cree que la nueva legislación que obliga a las administraciones locales a normalizar sus facturas atrasadas con proveedores y contratistas privados podría traducirse en una "reducción significativa" de la morosidad de las pequeñas y medianas empresas españolas, que podrían recortar la tasa de morosidad en aproximadamente dos puntos porcentuales.

En un comunicado, Fitch señala que esta inyección de liquidez facilitará a las pymes españolas cumplir con sus obligaciones de deuda, ya que recuerda que el retraso en el pago de facturas por parte de las administraciones locales es el causante de los problemas de liquidez de muchas de estas empresas.

Además, en su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno español establece un "programa creíble" para el pago de todas las facturas pendientes desde antes de 1 de enero de 2012.

En este sentido, añade que la legislación no contemple un límite en la cantidad de dinero cubierta por el programa. Así, destaca que, aunque no están disponibles los datos de facturas pendientes correspondientes a 2010 y 2011, en 2009 la cifra alcanzaba los 22.400 millones de euros, y es probable que haya aumentado desde entonces.

En concreto, señala que se estima que la cifra supere ya los 30.000 millones de euros, lo que representaría el 3,2% del crédito total para financiar las actividades productivas y el 29% de toda la morosidad de las empresas españolas. "Esta gran cantidad de dinero devuelto a las pymes podía traducirse en una reducción material de las tasas de morosidad", indica.

A este respecto, aclara que el impacto exacto es difícil de evaluar porque también existen otros factores que juegan un papel importante en este aspecto, pero estima que podría reducir la actual tasa de morosidad del 10,8% en aproximadamente dos puntos porcentuales.

Asimismo, señala que el poder cobrar estas facturas a través del sistema bancario tiene dos ventajas, ya que, por un lado, evita la redirección de los fondos de las administraciones y, por otro, permitirá a los bancos utilizar el dinero recibido para reducir la mora de las pymes.

Fitch cree que las empresas de los sectores de construcción y materiales serán probablemente las mayores beneficiadas por este programa, aunque mantiene sus perspectivas negativas en ambos sectores porque los impagos de las administraciones locales no son la causa principal de las altas tasas de morosidad del sector.

Por último, añade que a través de este programa solo se pueden cobrar las cantidades principales, incluido el IVA, por lo que la participación implica la aceptación de una quita voluntaria de la cantidad total de deuda, al no contemplarse otros costes asociados como los intereses por los retrasos, los gastos de cobro o cualquier posible gasto legal.