El Gobierno pondrá en marcha un plan integral de gestión inmobiliaria tras constatar que la Administración General del Estado dispone de 55.000 edificios y que, paradójicamente, se gasta 100 millones de euros en alquileres.

Lo ha anunciado en la comisión constitucional del Senado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha revelado, además, que según algunas estimaciones, en el centro de Madrid hay patrimonio sin utilizar por valor de 500 millones de euros.

Tras recordar el compromiso de austeridad del Gobierno, la vicepresidenta ha considerado que resulta "inaceptable" que haya inmuebles a los que no se da ningún uso y ha defendido la puesta en marcha de un plan integral de gestión del patrimonio.

Este plan establecería pautas homogéneas para la gestión de los 55.000 edificios que el Inventario General de Bienes Inmuebles atribuye a la Administración General del Estado.

El programa definirá criterios homogéneos de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y de servicios generales de mantenimiento y conservación.

Sáenz de Santamaría ha apostado por el rigor, por "mirar cada euro que se gaste" y por no lastrar a las siguientes generaciones con lo que la sociedad actual no ha sabido hacer.

Por otro lado, la vicepresidenta ha anunciado que los Ministerios de Hacienda y Presidencia trabajan en un estudio para acometer "una reducción inicial" de un 20 por ciento de entidades públicas en el ámbito de la Administración General del Estado.

Sáenz de Santamaría ha avanzado además que la futura ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que el Ejecutivo aprobará en el plazo de un mes, establecerá sanciones para los responsables públicos que incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fija la ley de estabilidad presupuestaria.

La vicepresidenta ha calificado de "demoledores" los últimos datos del Banco de España, que reflejan que la deuda acumulada por los organismos públicos se acerca a los 60.000 millones de euros, "prácticamente el triple que hace tres años".

Ha recordado que hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios que existen entre todas las administraciones. "Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros", ha manifestado.

El objetivo, ha continuado Sáenz de Santamaría, es reducir, fusionar y eliminar entidades que "no sirvan a un propósito público, claro y justificado, así como enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello".