La deuda de las administraciones públicas creció un 14,89% en un año, hasta los 706.340 millones acumulados a cierre del tercer trimestre de 2011, lo que equivale al 66% del producto interior bruto (PIB), según datos del Banco de España. De hecho, las administraciones deben unos 40.000 millones de euros a sus proveedores.

Aunque la Ley contra la morosidad, que entró en vigor el 7 de julio de 2010, fija que este año 2012 el plazo de pagos para la Administración pública debe ser de 40 días, éste no se está cumpliendo. De hecho, la ley eliminaba la posibilidad de negociar plazos entre el deudor y el acreedor como establecía anteriormente la ley.

Para hacer frente a este problema, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha precisado este martes en un receso del Pleno del Congreso de los Diputados que aprobarán este viernes un nuevo mecanismo para garantizar el pago de facturas pendientes a proveedores pasará por un "consorcio bancario" en el que estén tanto el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como diferentes entidades bancarias.

En declaraciones a los medios, el ministro ha señalado que el modelo definitivo en el que se trabaja junto con el Ministerio de Economía busca la "fórmula más económica para el Estado", lo que "pasa por un consorcio bancario con la presencia del ICO", pero también contando con "el compromiso y la gestión de las entidades bancarias españolas", que son las que pueden garantizar una "movilización de recursos mucho mayor" de la que hasta ahora se ha podido realizar a través de las líneas ICO.

Aunque no ha precisado la cantidad de dinero que se aportará a este mecanismo sino que se ha limitado a decir que será una "cantidad importante", Montoro ha garantizado que no impactará en el déficit público "excepto en un pequeño apartado de afloramiento de facturas no reconocidas en contabilidad", por lo que ha confirmado que la cifra definitiva se acercará a la adelantada en diciembre del 8%.  "No estamos ante un nuevo afloramiento de déficit público, sino ante el reconocimiento de una deuda pendiente de pagar", ha insistido.

Una deuda que está presente en todas las comunidades autónomas y corporaciones locales, según el ministro, rechazando las declaraciones de "algunos dirigentes en algunos territorios de que allí no hay facturas".

Así, ha subrayado que "basta con ir a algunos territorios para escuchar las quejas, muy fundamentadas, de quienes no están cobrando", y ha recordado que la morosidad de las entidades públicas, "que es muy alta, está provocando muchísimas dificultades en el mundo económico, en las pymes y en los autónomos", provocando de hecho "muchos cierres de empresas que no pueden refinanciarse en los bancos".

"Le damos un gran valor a la inyección económica de recursos para emprendedores, que tendrá una gran importancia porque detrás hay multitud de pymes, de autónomos y de grandes empresas proveedoras de servicios públicos, fundamentalmente de sanidad pública", ha defendido, concluyendo que esta medida avanzará en la "recuperación de la imagen de España".

Según explicó Montoro en los pasillos de la Cámara Alta tras la sesión de control, se tratará de un "procedimiento ágil" con el que los proveedores podrán ir a las entidades bancarias a "redescontar" su deuda y "que va más allá" de la financiación del ICO. Se trata de que "todas las facturas que estén pendientes puedan ir a un recurso financiero", con los controles que establece el Gobierno, las CCAA y los ayuntamientos.

Montoro señaló que el Ejecutivo está estudiando si la implantación de este nuevo esquema exige un cambio de la legislación y trabajando "técnicamente en los contenidos". Se trata de "un esquema" para dar satisfacción a proveedores, ya sean pymes o grandes empresas, que esperan "muy acuciados" cobrar los servicios que han prestado, ha señalado.

El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Francisco Javier Yanguas Fernández, ha celebrado la iniciativa y ha pedido que se introduzcan sanciones en la Ley de Morosidad para aquellas empresas grandes y administraciones públicas que superen los plazos de pago a pymes y autónomos.