Siempre se ha generado polémica cuando un programa de televisión ha pagado a un delincuente, imputado o familiar de los anteriores por ir a contar su historia a un plató. Ocurrió con Julián Muñoz, con Isabel Pantoja y más recientemente con la madre del Cuco, uno de los procesados por el caso de Marta del Castillo.

Ahora, la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la que "insta al Gobierno a que acometa las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión", según un comunicado del propio partido.

Oramas pide que el Gobierno "inicie los cambios normativos precisos", para "ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Esta prohibición alcanzará también a sus familiares o allegados".

En la misma iniciativa, plantea también que se "estudie la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado".

Oramas expone que "la controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".

La diputada nacionalista enumera en su iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación y subraya que "todos ellos supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas".