El pleno de la junta, reunido en sesión extrariodiaria, ha exigido "la depuración de responsabilidades", así como la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, que "ha permitido, si no ordenado, esta actuación policial" que han tildado de "graves agresiones de la policia a ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales".
Por otro lado, también han indicado que los servicios jurídicos de los sindicatos STEPV, CCOO-PV, CSI-F, ANPE, FETE-UGT, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Decreto-Ley 1/2012 y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo ha admitido a trámite. Con este acto jurídico, según ha añadido, "se abre la posibilidad de la suspensión cautelar de la aplicación del Drecreto-Ley recurrido".
Finalmente, todos los sindicatos representados han hecho un llamamiento a la participación en las movilizaciones convocadas para este semana y de la manifestación del sábado, 25 de febrero.
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