El Parlamento Europeo ha ratificado este jueves con una aplastante mayoría el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos sin que el voto negativo en bloque de los eurodiputados españoles pudiera cambiar la situación. El acuerdo, contra el que han protestado hasta el último minuto los agricultores españoles, ha recibido 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones.

El convenio ratificado por el PE significa la liberalización de la mayor parte de la huerta marroquí y un aumento en las cuotas de entrada de productos especialmente sensibles para los agricultores españoles de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, como tomate, calabacín, pepino, ajo, fresa o clementina.

Los grandes grupos de la eurocámara, así como también la Comisión Europea y el Consejo (en el que Francia tomó una posición especialmente activa), han conseguido imponer su sí a un acuerdo que enmarcan "en el contexto del apoyo de la UE a la primavera árabe", tal y como señala una resolución conjunta de los grupos aprobada. Los partidarios del acuerdo también destacan que pese a las preocupaciones que pueda representar para algunos agricultores europeos, la liberalización también beneficiará a los productores de carne, leche, cereales y conservas europeos en sus exportaciones al vecino africano.

En el acuerdo no se concretan posibles compensaciones para la huerta española, una de las más afectadas, como pedían los eurodiputados españoles, entre ellos la socialista valenciana Josefa Andrés en un enmienda. Sí se reconoce en el texto, como pedía la eurodiputada riojana Esther Herranz (PP), que existe "fraude en el sistema de precios de entrada", esto es, que entran en el mercado europeo hortalizas y frutas que luego se venden por debajo del precio declarado en aduana.

Los eurodiputados del PP español han señalado que el acuerdo supone un aumento de los contingentes de exportación de frutas y hortalizas marroquíes a la UE con respecto al acuerdo actual, sobre los que ya se han detectado graves incumplimientos en los últimos años, y han reprochado a la Comisión Europea su "pasividad" ante este fraude. No han salido adelante sin embargo las reivindicaciones de los eurodiputados Raul Romeva (ICV), Ana Miranda (BNG), Willy Meyer (IU) y Francisco Sosa Wagner (UPyD) de que el acuerdo no incluyera el territorio del Sáhara Occidental, ya que consideran que el derecho internacional le reconoce la capacidad para decidir sobre sus propios recursos naturales.

Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el convenio con Marruecos hace peligrar más de 450.000 unidades de trabajo agrario, y solo para el contingente del tomate están en riesgo entre 3.500 y 3.600 jornales anuales en el campo español.

El acuerdo agrícola está en vigor "porque el anterior Gobierno socialista le dio su visto bueno el 14 de diciembre de 2010 y, por tanto, votó a favor" del pacto. Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, quienes han reiterado que el Gobierno socialista "con su voto favorable" es el "único responsable de los efectos negativos que se puedan producir".

Han añadido que el actual Gobierno va a "realizar todas las actuaciones necesarias para que se respeten estrictamente los términos del acuerdo y no se produzcan efectos negativos para los productos españoles".

Mientras, los agricultores europeos han expresado su profunda decepción por el acuerdo y han advertido del drástico impacto que tendrá ese convenio sobre el sector de las frutas y hortalizas y en particular los tomates.