"Sin la ayuda del Estado no podré pagar nunca". La advertencia partió, tras el verano, de labios del conseller de Hacienda, José Manuel Vela. Meses después, es toda una realidad. Su homólogo de Economía, Máximo Buch, recién aterrizado en el cargo, confirmó este miércoles que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que depende del Gobierno central, va a asumir "todos los vencimientos de deuda" que la Generalitat tiene con los bancos, cifrados en 5.000 millones de euros este año. El primero de ellos será el próximo día 24 de febrero, por un importe de 500 millones de euros.

Este hecho supone la constatación de que el Estado ha tomado las riendas de las finanzas autonómicas, ya que ha salido a su rescate por segunda vez, tras el capote del pasado mes de diciembre, cuando el recién estrenado Ejecutivo de Rajoy avaló sobre la campana la devolución de 123 millones al Deutsche Bank que el Consell no podía afrontar. Hasta hace dos años, los bancos renovaban las emisiones a cambio de intereses. Pero, con la crisis financiera, las entidades, sobre todo las extranjeras, exigen el dinero.

La Comunitat es la autonomía más endeudada de España en relación al PIB (19,9%, siete puntos sobre la media), a lo que se suma una asfixiante falta de liquidez que está provocando impagos a proveedores (farmacias, abogados de oficio, colegios concertados, residencias…) y demoras en los gastos de funcionamiento a los institutos públicos que han dejado a algunos sin luz o calefacción.

El Gabinete de Fabra espera para marzo un plan del ICO que le permita afrontar los vencimientos de deuda y los pagos a proveedores. Es decir, cerrados los mercados, no puede conseguir liquidez y depende del Estado para saldar sus deudas.

Ante esta situación y tras el primer rescate de diciembre, que supuso todo un salvavidas para las maltrechas arcas de la Generalitat, el Gobierno valenciano anunció un severo plan de ajuste que suponía un recorte de 1.000 millones de euros. La mayor parte del mismo recae sobre el gasto sanitario (400 millones).

Precisamente, fuentes de UGT anunciaron ayer que el TSJCV ha admitido a trámite el recurso de los sindicatos contra ese decreto-ley por vulneración de derechos fundamentales.