Castilla-La Mancha, con un 20 por ciento, es la comunidad autónoma en la que más participan las familias en los consejos escolares, según datos aportados por la profesora de la Universidad de la Rioja, Ana María Vega, participante en el informe 'La participación de los padres en el ámbito escolar' de la Unión Europea.

Por contra, Catalunya es la comunidad autónoma, junto a Galicia, en la que menos participan las familias en los consejos escolares, según datos, que señalan que sólo el nueve por ciento de los padres catalanes participan en los consejos escolares, una cifra cuyo valor óptimo sería de un 60%, y a la que, sin embargo, no llega ninguna comunidad autónoma española.

La participación de los progenitores se da en los asuntos relacionados con la enseñanza de sus hijos, como en las tutorías y en todo lo que implica el proceso educativo, ya que en este cometido sí participan el 90% de las familias de la pública y el 87% de las de la concertada.

En la presentación de este estudio, realizado en la sede de la Conselleria de Enseñanza —que no participa en él—, la consellera Irene Rigau ha admitido que estos datos le "han sacado los colores", lo que le hará reflexionar acerca de la reactivación de las asociación de madres y padres (ampas), ha avisado.

Aunque ha recordado que Catalunya fue pionera en la creación del primer consejo escolar —que recientemente celebró su aniversario—, la consellera ha apuntado a un "agotamiento" del modelo, que debe buscar ahora mayores responsabilidades compartidas con las familias.

"Nos tenemos que implicar más activamente en el consejo escolar, seguro que encontraremos la manera de avanzar", ha dicho Rigau tras constatar que la realidad participativa es más pobre de lo que prevé la normativa, ya que la participación de ciudadana es un derecho recogido en la Constitución.

No obstante, hace un mes, las ampas revelaron que la Conselleria ha suspendido las ayudas a su gestión y a los sindicatos alumnos relativas a 2011, mientras que las subvenciones para 2012 están sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

Precisamente, la consellera ha asegurado que las administraciones deben realizar un "examen de conciencia" por haber incentivado a las ampas a convertirse en plataformas de servicios, algo que, ha defendido, no se ajusta a su razón de ser.