Los grupos de CiU y del PP han impedido este jueves con sus votos que la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos De Luna, comparezca en el Parlament para informar sobre el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros, cómo había pedido el grupo de ERC.

En la comisión de Interior del Parlament, el diputado republicano Oriol Amorós ha defendido una propuesta para que De Luna tuviera que comparecer en la cámara catalana para dar explicaciones sobre el funcionamiento de estos centros, sobre todo tras la muerte de un interno a principios de enero.

Amorós ha denunciado que estos centros nacieron en el marco de un "vacío legal" y que los internos se encuentran en una situación de "indefensión", ya que se ven privados de su libertad únicamente por una falta administrativa.

Los argumentos del diputado republicano no han convencido ni a convergentes ni a populares, que han sumado sus votos para rechazar por mayoría absoluta la petición de comparecencia en el Parlament de la Delegada del Gobierno en Cataluña.

Por su parte la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hizo la semana pasada una visita sorpresa al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche y afirmó que encontró una instalación "mejorable" pero en absoluto "tercermundista".

"Son instalaciones muy austeras, lógicamente con medidas de seguridad, porque es un centro de internamiento", afirma Cifuentes, que pidió hablar personalmente con algunos internos en representación de todos.

La delegada ha señalado que en los CIE "hay que mejorar muchas cosas". En este punto, se ha referido al reglamento interno, pendiente de aprobación, porque "es fundamental para ver cuáles son los márgenes de actuación" y también al compromiso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díez de que la Policía se dedique sólo a labores de vigilancia, y no también asistenciales como hasta ahora.

Precisamente una de las reclamaciones de las organizaciones de apoyo a los inmigrantes es que se incluya en los centros personal externo a la policía para encargarse de los servicios que no sean estrictamente de seguridad.

Las declaraciones de Cifuentes contrastan con las de numerosos internos y las organizaciones que los apoyan, que denuncian condiciones higiénicas y sanitarias deplorables, además de estrictas restricciones en lo referente a visitas y el contacto con el exterior, "prácticamente prohibido". Denuncian también la no disponibilidad de asesoría e información sobre su situación legal.