Los 13 centros de protección de menores en situación de desamparo con trastornos de conducta de Andalucía acogen 143 jóvenes de entre diez y 17 años, de los que el 71 por ciento de éstos son niños, frente al 13 por ciento, que son niñas, según se desprende de un informe sobre estos recursos de la comunidad autónoma presentado este lunes por la directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Teresa Vega.

El informe, que será presentando ante las instituciones competentes en materia de infancia como el Defensor del Menor de Andalucía y la Fiscalía de Menores, y a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Save the Children y UNICEF, que trabajan para la defensa y la promoción de los derechos de la infancia.

El trabajo, realizado durante el año 2011 y sobre una muestra de 143 menores en los 13 centros con los cuenta la comunidad, aborda con concreción la "necesidad" de contar con "un marco normativo y una regulación específica de estos centros, para que se obtengan mayores garantías de protección de los derechos de estos menores".

Vega, que ha resaltado que "la Junta vuelve a ser pionera en la regulación de estos centros", ha explicado los menores acogidos en estos centros presentan diferentes perfiles. Así, se encuentran niños con problemas de adaptación familiar y social, asociados a conductas desajustadas; menores que por sus historias de maltrato y abusos presentan problemas de inadaptación y trastornos de conductas.

Estos menores, según añade, actúan con violencia hacía sí mismo y con el entorno, produciendo daño a las personas y cosas con las que interacciona. Por otro lado, subraya que en los últimos años y de manera "preocupante" está creciendo el porcentaje de ingresos de menores que presentan graves problemas de adaptación, cuyos progenitores se ven "desbordados" por una situación de estas características y deciden pedir ayuda a los servicios de protección o a la Administración de Justicia de Menores. En muchos casos la familia hace una renuncia explícita de sus deberes derivados de la patria potestad. En este sentido, Vega ha añadido que estos casos alcanza aproximadamente el 15 por ciento de los estudiados.

Fracaso en todos los niveles educativos

Las consecuencias de las conductas de los niños acogidos son "perjudiciales" para el menor y su entorno, reflejándose en el fracaso en todos los niveles educativos y en trastornos psicológicos que con la mayoría de edad derivan en disfunciones importantes como pro, problemas con la justicia, el consumo de drogas o el ejercicio del maltrato a sus propios familiares.

El informe, según la directora general, aborda la situación de los centros, los tratamientos y la clasificación de éstos, las características de los menores, el funcionamiento de los centros, los modelos de intervención y los protocolos de derivación, entre otros aspectos.

Según Vela, el origen de los trastornos de conducta "no está claro, si bien la comunidad científica apunta al desarrollo de la educación, por lo que la responsabilidad es de toda la sociedad, familia, educadores, profesionales de la salud y la atención social".

En referencia a las familias, ha apuntado dos aspectos relevantes para que surjan estos comportamientos en los menores. Así, aparecen familias "con ausencia o disparidad de normas socioeducativas, inconsistencia de conductas coercitivas y de castigos hacia el niño; o familias con "permisividad excesiva, un hecho que tiene efectos negativos porque provoca conductas inmaduras, falta de control y de disposición para asumir responsabilidades de adultos".

También ha comentado que los casos de menores con trastornos de conducta aparecen en familias "desestructuradas", mientras las familias que piden ayuda, renunciando incluso a la patria potestad de los menores, presentan economías "estables" y "aparente normalidad" social.

Por otro lado, ha informado de que, según el número de centros andaluces, el 28 por ciento de los menores son niñas y el 71 niños, un hecho que la directora general apunta a "los modelos educativos, que siguen dirigidos hacia el varón y hacia la niña".

Además, la edad de los menores abarca entre los diez y los 17 años, siendo la más frecuente los 15 años, con más del 24 por ciento del total. No obstante, el 30 por ciento de los menores tienen entre once y 15 años, lo que "sorprende", pues se refleja que los primeros trastornos aparecen a edades tempranas.

16%,

"imposibilidad" de llevar a cabo el tratamiento

Según la procedencia, el 83 por ciento son españoles y 16 por ciento extranjeros, estando la mayoría de estos últimos relacionados con casos de consumo de sustancias tóxicas. Por otro lado, la directora general ha indicado que el 50 por ciento de los niños acogidos finalizan el tratamiento con el objetivo cumplido; el 16 por ciento finaliza el tratamiento "ante la imposibilidad de llevar a cabo la medida"; y el 33 por ciento por cumplir la mayoría de edad.

En cuanto al tiempo de permanencia en los centros, ha señalado que el 46 por ciento está acogido menos de seis meses con "intervenciones cortas pero que provocan cambios en los menores"; el 30 por ciento, entre siete y doce meses; el 13 por ciento, más de 18 meses; y el once por ciento, entre 13 y 18 meses.

De otro lado, Teresa Vega ha señalado que el estudio refleja que la normativa vigente "cumple", pero al ser un "fenómeno nuevo" se han detectado "vacíos normativos". Entre los cambios normativos que apunta el informe, ha resaltado los referentes a la regulación de la gestión de la privacidad de los menores, el régimen de visitas, las relaciones con familiares y el exterior, la regulación de las conductas que son objeto de denuncia o el protocolo de fuga o de acciones de lección a uno mismo.

INTERNAMIENTO,

"excepcional y último recurso"

Vega ha subrayado que el estudio advierte de la "excepcionalidad" del internamiento, que debe ser "el último recurso", y apuesta por los tratamientos en medio abierto con un trabajo multiprofesional, prolongado en el tiempo y con el "imprescindible" papel colaborador de la familia. "El índice de éxito en los programas de medio abierto está en torno al 80 por ciento de las familias estudiadas", ha apuntado.

En este sentido, ha abogado por trabajar en el entorno familiar para que una vez vuelva el menor se haya fortalecido el ambiente y no "se vuelva atrás". Para la directora general, este fenómeno "nuevo", en parte, viene como consecuencia de que las familias se inhiban de la educación de los menores.

Actualmente, Andalucía cuenta con trece centros que acogen a menores con graves trastornos de conducta distribuidos en cinco provincias, Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. Todos ellos dependen de entidades colaboradoras con distintos tipos de convenio o concierto con la Administración andaluza. En total, estos centros disponen de 148 plazas residenciales para toda la comunidad. En 2011 había ingresados en estos centros 143 menores, 41 chicas y 102 chicos.

"Son centros muy específicos dentro de los 275 con los que cuenta Andalucía dentro del sistema de protección". En este sentido, ha adelantado que está previsto un nuevo centro para cubrir la demanda en las provincias de Granada y Almería, con 20 plazas".