El Comité de Empresa del personal laboral de los servicios públicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que representa a más de 1.300 trabajadores de la Junta, ha acordado por unanimidad apoyar el calendario de movilizaciones desarrollado por las organizaciones sindicales contra el "plan de recortes" del Gobierno regional, que incluye un conjunto de movilizaciones hasta el 29 de febrero.

De este modo, han elaborado un comunicado en el que explican que los sindicatos FSES (SATSE y ANPE), CCOO, UGT, Intersindical Castilla-La Mancha (STE, STAS y SF), USO, SIC-GS y USAE, invitan a los empleados públicos de la región a manifestar conjuntamente su rechazo al Proyecto de Ley de Medidas Complementarias, ha informado el Comité de Empresa.

A su juicio, el Gobierno regional, "en lugar de tomar medidas que sirvan para crear empleo y consecuentemente dinamizar la economía", han adoptado medidas "que inevitablemente crearán más paro en el sector público de forma directa e indirectamente también en la empresa privada".

A esta "agresión al empleo" han añadido el anuncio de privatizaciones en Sanidad y en Educación. "Poner el empleo y la gestión de lo público en manos de empresas privadas lleva consigo que algunos acaben haciendo negocio con los servicios y aplicando criterios economicistas que recortan puestos de trabajo, empeoran la atención a la ciudadanía y disminuyen la calidad de los servicios públicos", han apuntado.

Por ello, han asegurado que no están dispuestos "a consentir que el Estado del Bienestar, cuyos principales pilares son los servicios públicos universales y de calidad, se vaya desmantelando y lo público se convierta en una red asistencial deficiente para los más desfavorecidos, mientras que la atención de calidad quede reservada a quienes pueden pagarla acudiendo a una empresa privada".

Para estos trabajadores y sindicatos, este segundo "Plan de Recortes carga una vez más contra los empleados públicos, que, pese a no haber sido los causantes de una crisis que todos padecemos, venimos soportando recortes en nuestros salarios y en nuestras condiciones laborales por parte de los gobiernos del Estado y de la Comunidad Autónoma, con independencia de su signo político".

"Y todo ello se lleva a cabo ignorando la obligación legal de consultar y negociar con los trabajadores afectados y con sus legítimos representantes la aplicación de medidas que afectan a sus condiciones laborales y económicas", han añadido.

Para estos colectivos, el Gobierno regional "demuestra un desprecio absoluto la negociación colectiva", ya que "o bien no reúne las mesas negociadoras o, cuando lo hace, se limita a informar de decisiones previamente adoptadas que empeoran sustancialmente la situación de los trabajadores y de los servicios y de las que pretende hacernos sabedores o cómplices".

Por ello, han señalado que deben estar preparados "para dar una respuesta contundente y sostenida en el tiempo" a través de asambleas, concentraciones, manifestaciones y huelgas "para conseguir que el Gobierno dé marcha atrás en sus agresiones y renuncie a seguir agrediendo a los empleados y a los servicios públicos".