El Máster Universitario Profesional en Abogacía comenzará a impartirse en la sede de la Escuela de Práctica Jurídica de Aragón, ubicada en el Colegio de Abogados de Zaragoza, el próximo curso 2012-2013, y será obligatorio cursarlo para ejercer como abogado o procurador de los tribunales.

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, y el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Ignacio Gutiérrez Arrudi, han firmado este martes el convenio para poner en marcha este máster, que atiende la necesidad de una formación específica y su evaluación, ya que los alumnos deberán someterse, tras su finalización, a un examen nacional para la obtención del título profesional de abogado y procurador que capacite para el ejercicio de la profesión.

Este convenio es uno de los primeros firmados en España para la impartición de este máster, que tendrá dos años de duración. La legislación ofrecía tres opciones para la impartir este máster, que lo hiciera la universidad, la Escuela de Práctica Jurídica de Aragón o ambas, habiéndose optado en este caso por esta última.

De esta forma, se posibilita una mayor interacción entre los colectivos académicos y profesional, favoreciendo un intercambio de conocimientos y fomentando una formación uniforme y de calidad a todos los estudiantes que se acojan a esta modalidad.

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, ha reconocido que ha sido preciso recorrer un "camino largo", de cerca de tres años y medio, y "superar muchas dificultades" para firmar este convenio puesto que se han tenido que coordinar "dos ambientes, dos mundos diferentes que, por primera vez, nos encontramos en un objetivo tan ambicioso".

A su entender, se va a ofrecer un máster "de calidad", que se va a impartir en una "magnífica" escuela de formación de las profesiones juristas, "amparada por la experiencia de la Universidad de Zaragoza".

Marca jurídica de máxima calidad

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Ignacio Gutiérrez Arrudi, ha reconocido que con este máster se inicia una fase "cualitativamente distinta", en la que dos instituciones "suman una marca jurídica de máxima calidad", con proyección tanto nacional como internacional.

Gutiérrez Arrudi ha comentado que la escuela cuenta con más de cien profesores, tanto doctores universitarios como abogados en ejercicio, así como con conferenciantes nacionales e internacionales, con un inglés jurídico de alto nivel. La escuela tiene capacidad para cien alumnos.

Por eso, ha subrayado que "hemos creado la base para contar con un máster de referencia dentro del territorio nacional" y ha señalado que por él pasarán una buena parte de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. CONVENIO

El convenio suscrito este martes contempla que el plan de estudios tendrá un "marcado carácter profesional y práctico" y la memoria de verificación será elaborada por una comisión paritaria formada por representantes de las dos instituciones, así como por los expertos que se consideren necesarios, siendo aprobada por la Universidad de Zaragoza de acuerdo con su reglamentación interna y presentada por ella al Consejo de Universidades.

Por su parte, la Escuela de Práctica Jurídica de Aragón participará en las propuestas y decisiones para introducir modificaciones en el plan de estudio. El personal docente del máster tendrá una composición equilibrada entre abogados y profesores universitarios, pudiendo formar parte de él profesionales procedentes de otros ámbitos jurídicos.

Para llevar a cabo la coordinación y gestión académica, se establece un coordinador, que será un abogado con el título de doctor o un profesor de la Facultad de Derecho con dedicación a tiempo completo, con experiencia profesional en el ámbito de la abogacía o la defensa jurídica, procurando la alternancia en su designación.

Además, habrá una comisión mixta de coordinación, que será paritaria y propondrá al coordinador del máster, y una comisión de garantía de calidad, paritaria y presidida por el decano de la Facultad de Derecho. El máster tendrá el precio público que sea fijado por la instancia pública competente —en la actualidad, el Gobierno de Aragón—.