CSI-F denuncia que un plan del Gobierno convierte a los funcionarios de Justicia en vigilantes jurados

Critican que la medida se ha adoptado "de forma autoritaria" al no pasar por la mesa de negociación necesaria

El sindicato CSI-F ha denunciado que el plan de reestructuración de los servicios de vigilancia de las sedes judiciales que proyecta la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional supone que se convierte a los funcionarios de la Administración de Justicia en vigilantes jurados de los edificios en que trabajan.

En concreto, se denomina plan de reestructuración de los servicios de vigilancia de los edificios en los que se alojan las sedes judiciales dependientes de la Dirección General de Justicia, y con él los funcionarios de Justicia se "convertirán en vigilantes jurados desde las 16:00 a las 20:00 horas".

Según detallan, "la Dirección General de Justicia pretende facilitar, a cada funcionario, una llave y una clave para activar y desactivar las alarmas así como impartir instrucciones sobre el cierre de puertas y ventanas del edificio convirtiendo a esos funcionarios en responsables de lo que pueda suceder en el edificio".

CSI-F ha expresado que "se opone radicalmente" a esta medida porque "vulnera el contenido de las funciones atribuidas a los funcionarios de justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial" y "supone una intromisión en las funciones atribuidas por Ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las que desempeñan los vigilantes jurados titulados y contratados por empresas de seguridad registradas".

Además, censuran la "forma autoritaria en la que se han adoptado esta medida", y que "vulnera el derecho constitucional a la negociación colectiva", ya que, según explican, la propuesta debería haber pasado por una mesa de negociación al suponer una alteración de la normativa vigente sobre horarios que establece, entre otras cosas, que los funcionarios tienen derecho a completar su horario hasta las 20:00 horas

Una situación que, lamentan, se produce "tras el recortazo de 2010 y las congelaciones salariales que le han seguido, tras la suspensión de los incrementos retributivos pactados en 2008, tras la paralización de las aportaciones al plan de pensiones y la eliminación de las ayudas de acción social".

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