Los propietarios de las viviendas afectadas por sentencia firme de derribo en Cerrias (Liencres, Piélagos) confían en que la coincidencia "por primera vez" de Gobiernos del mismo signo político en las tres administraciones (Ayuntamiento, Ejecutivo regional y Dirección General de Costas).

La posición que mantienen para este caso, que dentro de las sentencias de derribo están además afectadas por la Ley de Costas, es de rechazo a cualquier indemnización, porque su problema "porque tiene solución si las tres administraciones trabajan juntas".

"La única condición para la legalización es la voluntad política", aseveran, añadiendo que no entiende como "se puede proponer en los presupuestos de esta comunidad mas de cuatro mil millones de las antiguas pesetas para derribos, cuando trabajando juntos con las autoridades podemos encontrar las herramientas que los Jueces puedan aplicar para evitar los derribos de nuestras viviendas".

Según afirman, "sólo admitiremos una solución global que beneficie al conjunto de las diecisiete familias y no aceptaremos ningún planteamiento individual".

Entre las soluciones, consideran "la más razonable" es el reposicionamiento del deslinde marítimo terrestre a veinte metros de la costa, "tal como estaba" cuando las casas fueron construidas.