El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ordenado el pago de las prestaciones de la Ley de la Dependencia correspondiente al mes de noviembre, por un valor total de 11.319.924,55 euros.

Junto al pago de la mensualidad de octubre efectuada este semana, una vez confirmado el ingreso desde el IMSERSO de la parte correspondiente al Estado de estas dos mensualidades, la Comunidad Autónoma aporta en conjunto casi 23 millones de euros, a los que hay que sumar los 10 millones de euros ingresados desde las arcas públicas estatales.

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha explicado que "esto no supone que las graves dificultades económicas hayan sido superadas ni para esta ni para ninguna otra partida, pero sí deja muy clara la gran sensibilidad social del Partido Popular, tanto desde el Gobierno de la Nación como desde el Gobierno de la presidenta Cospedal".

Para Echániz "resulta un hecho innegable que tanto en el traspaso de poderes como en los primeros días de Gobierno se ha extremado el cuidado para atender los compromisos, con unos criterios y una diligencia que hasta ahora eran desconocidos en ese y otros ministerios".

"Habrá que seguir trabajando para enjugar el agujero de 160 millones de euros dejado por Barreda y sus consejeros en la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, un dinero que dejaron sin pagar y que nos condiciona para el futuro más inmediato", ha dicho el consejero.

Desde el Gobierno regional han recordado que la Ley de la Dependencia no incluye solamente el pago de las prestaciones económicas sino también el coste de los centros propios y concertados, el gasto en convenios con los Ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro, los Centros de Atención a las Personas con Discapacidad, la Ayuda a Domicilio o la Teleasistencia.

Así las cosas, han indicado que en residencias concertadas y del modelo alemán, en junio estaban pendiente de pago más de 45 millones de euros. En centros propios se debían más de 40 millones de euros.

En cuanto a convenios con los ayuntamientos y entidades sin fin de lucro los nuevos responsables de la consejería se encontraron con más de ocho millones de euros sin pagar, mientras que a los centros de discapacidad se les adeudaban 25 millones de euros y a 30 de junio se debían en Ayuda a Domicilio 17.950.000 de euros. En teleasistencia a la dependencia la cifra pendiente de pago ascendía a 4.700.000 euros.