El Defensor del Pueblo ha dirigido 534 recomendaciones y recordatorios de deberes legales a las administraciones este año, un 20% más que 2010, y ha recibido un número similar de quejas individuales, en un ejercicio marcado por la crisis económica.

En el año que concluye, la oficina del Defensor del Pueblo hace un balance de sus actuaciones y destaca que los temas económicos son los que más siguen preocupando a los españoles, entre ellos, el paro, las prestaciones sociales, los problemas con las entidades bancarias y el acceso a la vivienda. Y el número de quejas individuales recibidas en la institución ha sido similar al registrado en 2010, mientras que ha descendido el número de quejas colectivas.

Respecto al empleo, la oficina que dirige la defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha intervenido en asuntos relacionados con la falta de coordinación entre los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos, para subsanar deficiencias en la información que se facilita a los parados y por la tardanza en el cobro de prestaciones.

Además, ha pedido información al Ministerio de Trabajo sobre cómo se puede mejorar la situación de los desempleados de larga duración y ha iniciado una investigación de oficio sobre la discriminación salarial entre hombres y mujeres.

Muchas de las quejas han estado vinculadas al incremento en un 23,5%, durante el tercer trimestre del año y con respecto a 2010, del número de familias que tuvieron que declararse en concurso de acreedores. También, tras la denuncia constante de los ciudadanos, se abrió una actuación de oficio por el endurecimiento de las cláusulas de préstamos e hipotecas.

La institución recuerda que ha insistido en la necesidad de aplicar una especie de IBI social que tenga en cuenta las circunstancias de los menos favorecidos, ya que estima que la propiedad de una vivienda no es representativa de la capacidad económica de su titular, sobre todo cuando no se puede vender y el valor catastral sigue creciendo.

En cuanto a denuncias presentadas en materia de consumo, estuvieron relacionadas con el incumplimiento de la normativa en materia de garantías, servicios técnicos deficientes, el comportamiento abusivo de algunas empresas de alquiler de vehículos y con la utilización del silencio administrativo por parte de los organismos de consumo.