La UE acuerda destinar 200.000 millones de euros a reforzar los recursos del FMI

La Unión Europea destinará 200.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI) para incrementar sus recursos y que pueda socorrer a estados miembros en apuros, anunció el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

"Los países del euro y otros Estados miembros pondrán a disposición del FMI hasta 200.000 millones de euros para incrementar nuestros recursos financieros y hacer frente a la crisis", señaló Van Rompuy en rueda de prensa al término del encuentro que comenzó en la tarde de ayer.

La medida forma parte de un paquete a corto plazo que también incluye la puesta en marcha rápida de la ampliación del fondo temporal de rescate (FEEF) y el adelanto de la entrada en vigor del fondo permanente (MEDE) a julio de 2012.

El dinero servirá para incrementar los recursos financieros y hacer frente a la crisis Los líderes europeos acordaron también introducir un cambio en el planteamiento sobre la participación privada en los rescates para dejar claro que la condonación del 50% de la deuda acordada en el caso de Grecia fue una excepción.

"De ahora en adelante, nos adheriremos estrictamente a los principios y prácticas del FMI", aseguró y lamentó el efecto que la participación del sector privado ha tenido en los mercados en el caso de Grecia.

Según Van Rompuy, esta posibilidad "se ha terminado oficialmente".

"A corto plazo hemos acordado ciertas acciones inmediatas para superar las dificultades actuales y a largo plazo hemos acordado un pacto fiscal para la zona euro", resumió Van Rompuy.

La cena informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que duró más de diez horas, concluyó a las cinco de la madrugada (04:00 GMT) hoy sin lograr que el refuerzo de la disciplina presupuestaria quedase reflejado en un tratado que implicara a los veintisiete miembros de la UE.

Ante la oposición del Reino Unido y de Hungría, 23 estados miembros anunciaron su disposición de unirse a un tratado intergubernamental, mientras que otros dos (Suecia y República Checa) pidieron consultar con sus parlamentos o los otros socios de sus coaliciones de Gobierno.