'El anteproyecto busca conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa', dijo el ministerio.
Con la vivienda convertida en una preocupación nacional que ha centrado buena parte del debate social y político en los últimos años, las rigideces del mercado del suelo han sido frecuentemente mencionadas como principales dinamizadoras de los precios.
Pero parte de la dificultad de mejorar este mercado es que las competencias no están en poder del gobierno central y los ayuntamientos se financian en gran parte con la calificación y venta de terrenos apoyados en una legislación muy abierta, que permite operaciones especulativas.
El anteproyecto, que ya ha sido objeto de algunas críticas, debe ahora someterse a consulta entre las Administraciones Públicas y representantes del sector antes de ser remitido a las Cortes.
Entre las novedades del anteproyecto destaca la reserva de al menos un 25 por ciento del terreno de nuevos desarrollos urbanísticos para la promoción de viviendas de protección oficial. Actualmente, la legislación - que data de 1998- es muy abierta y da libertad a las distintas administraciones autonómicas para fijar sus cuotas de vivienda social.
Además, la nueva Ley establecerá un régimen de valoraciones que se aplicará 'sobre la situación real en que se encuentra el suelo, sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún'.
El ministerio explicó que la legislación 'objetiva valores prudentes de mercado no especulativos'.
Por otra parte, el anteproyecto establece una serie de mecanismos por el que los planes de ordenación y gestión del suelo se someterán a conocimiento público.
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