El eurodiputado del Partido Popular, Salvador Garriga, ha opinado que es un error centrar la acción política en prolongar el plazo de las ayudas al carbón más allá de 2018, en lugar de centrarse en evitar la decisión por la que las empresas deberán devolver lo recibido, con independencia de su competitividad.

A través de una nota de prensa, Garriga ha aludido a las palabras del comisario de energía Otinger sobre la vigencia de la actual Decisión sobre las ayudas de Estado al Carbón previstas hasta el 2018. Según el eurodiputado, el comisario ve "claramente improbable" una prolongación del plazo de vigencia, pese a que los eurodiputados del PP presentaron enmiendas para llevar el plazo hasta el 2022.

A este respecto, ha opinado que "mucho más dañino que el plazo del 2018 es la obligación de devolver el monto total de las ayudas recibidas en el periodo 2011-2018 de todas las empresas, sean o no sean competitivas", lo que supone que "incluso aquellas empresas mineras que en el 2018 hayan alcanzado el umbral de la rentabilidad deberán devolver el 100% de las ayudas recibidas, lo que las obligará prácticamente a cerrar la explotación".

Concentrarse en "lo posible"

Garriga cree un error centrar la acción política en intentar la extender el plazo, y considera "mucho más factible" modificar una decisión que "perjudica gravemente la viabilidad del sector". "Anunciar que se va a luchar por extender el plazo es políticamente muy rentable pero en el fondo es extender una ilusión por algo irrealizable; mejor concentrarse en lo posible", subraya.

A su juicio, el futuro del mineral pasa por hacer competitivas las explotaciones, a través de una urgente reducción de costes. "Es evidente que es necesario un compromiso de la UE en la financiación de nuevos proyectos de demostración. Los eurodiputados del PP trabajarán para que en las próximas perspectivas financieras se contemple un incremento de dicha ayuda", ha comprometido.