El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado este miércoles que la moción de censura marbellí de 2003 "se hizo libre y espontánea ante una política que el resto de concejales pensaron que no era la correcta, por la postura que ante la opinión pública estaba trascendiendo de la aventura, llámela usted extraconyugal, y nueva política de hechos del señor Julián Muñoz", que entonces mantenía una relación con la cantante Isabel Pantoja.

Roca, que ha seguido por décimo día declarando en el juicio del caso 'Malaya', ha insistido, contestando a preguntas del letrado del Ayuntamiento marbellí, personado como acusación particular, que la moción de censura se presentó "contra Julián Muñoz por esa forma de hacer política y esa forma de mostrarse ante España y no por otra cosa" y ha apuntado que "no existe ningún pago asociado" a esta respuesta política.

Ha admitido que pocos meses después de la moción de censura, que situó a Marisol Yagüe en la Alcaldía, surgieron, "disensiones" o "pequeños reinos de taifas" en el equipo de gobierno —formado por GIL, PA y ediles del PSOE—. Así, ha aludido a la actitud de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, ante la ausencia de la regidora en las comisiones de gobierno, "tomando un protagonismo y erigiéndose más como alcaldesa".

Asimismo, ha indicado que no existen archivos de la sociedad Maras Asesores antes de 2004 "no porque se hayan destruido o se hayan quitado de en medio, sino porque no existían". "Si yo hubiera querido quitar algo, porque temiera algo, hubiera quitado los archivos Maras y posiblemente no estaríamos aquí sentados", ha apuntado el principal acusado.

El letrado del Consistorio marbellí ha preguntado a Roca sobre convenios suscritos entre el Ayuntamiento y empresas vinculadas a empresarios acusados como Carlos Sánchez y Andrés Liétor o la promotora Aifos, cifrando el supuesto perjuicio que se ocasionó en cada caso por el desequilibrio entre las prestaciones, según las valoraciones de los peritos.

En este sentido, el principal acusado en esta causa ha explicado que en algunos casos la valoración pericial "parte de unas premisas falsas", porque, ha apuntado, se dice en un informe de 2010 que "se realiza en la hipótesis de que se hubiera tramitado y aprobado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le diera soporte y en una situación normal de mercado".

Ha negado que recibieran instrucciones de Alcaldía para dejar de remitir propuestas de convenios que se incorporaban a la revisión del planeamiento. También se le ha preguntado por qué "casualmente" aparecen relacionados los acusados Sánchez, Liétor y los responsables de Aifos en determinadas operaciones con el Ayuntamiento, contestando Roca que a la Sala "lo que le tiene que preocupar es si se ha producido un delito con esas operaciones".

Ha rechazado la idea apuntada por la acusación del Ayuntamiento de que él y el exalcalde Jesús Gil impusieran a los empresarios y ha indicado que él hacía propuestas de convenios, asegurando que éstos los firmaba el entonces primer teniente de alcalde y luego regidor Julián Muñoz "porque previamente le había llamado el señor Gil, no el señor Roca".

"El señor Muñoz no iba a firmar nada que le encargara el señor Roca, él lo ha declarado, que seguía instrucciones de Gil y no de Roca, entre otras cuestiones porque no nos llevábamos medianamente bien", ha apostillado, al tiempo que ha reiterado que las anotaciones JM no se refieren al exalcalde, aunque coincida en la forma con la que en otras anotaciones se denominaba al que fuera regidor.