El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha entregado este miércoles a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, el informe 'La intervención de la Junta de Andalucía en el sistema penitenciario: colaboraciones más destacadas', un trabajo monográfico en el que se piden algunas mejoras como el "aumento" de las dotaciones de maestros, especialmente en algunos de 19 centros penitenciarios que existen en la región —con una población total de 17.150 presos—, así como el "impulso" la integración de la sanidad penitenciaria en la sanidad pública andaluza.

Así, y en el ámbito educativo, además de en la falta de maestros, Chamizo ha apuntado a la "necesidad" de una adaptación de la normativa sobre educación permanente —antes llamada educación para adultos— en los centros penitenciarios a los peculiaridades de este medio, aunque destaca que desde que los maestros se integraron a la Consejería de Educación "todo va mejor". "No ha habido recortes en este sentido —aclara el Defensor— pero existe más interés por parte de la población penitenciaria por estudiar Bachillerato o hacer algunas carrera", por lo que pide "un esfuerzo para aumentar los recursos educativos, las grandes bazas de la reinserción social".

Asimismo, Chamizo ha apuntado que en dicho informe existe un "extenso" capítulo sobre asistencia sanitaria, que aborda, en primer lugar, el "delicado" momento previo a la integración de la sanidad penitenciaria en la sanidad autonómica, un asunto que, a su juicio, "se está dilatando en el tiempo de manera excesiva", porque "en muchos casos los presos no pueden ir a la cita médica puesto que para ello tiene que haber una fuerza conductora, que la mayoría de las veces está ocupada en llevar a la gente al juzgado". Por tanto, añade, la solución sería "que el juzgado fuera a las cárceles".

"Este asunto ha mejorado, pero concretamente en los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla sigue habiendo muchas carencias", resalta Chamizo, quien reconoce que "se están agilizando las cuestiones porque el derecho a la salud muchas veces no ha sido ejecutado por parte de las personas presas".

Luego, ha indicado Chamizo, este documento propone "mejorar" la atención especializada, tanto en los centros penitenciarios como en la red hospitalaria andaluza; atender "de manera más eficaz" la numerosas patología psiquiátricas que presenta la población penitenciaria; y extender a todas las prisiones los equipos de especialistas que desarrollan programas terapeúticos con personas drogodependientes, ya que en centros como Puerto I y Puerto II —ambos en Cádiz— "no existe el programa de intervención terapeútica conveniado con la Junta para tratar las adicciones".

En dicho centros, continúa, son las ONG las que "trabajan de manera voluntaria", por lo que "exigimos a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta que haya personal", agrega. En este sentido, explica que se estudia el programa que sigue la Consejería, por mediación de las Diputaciones Provinciales, a través de los Equipos de Atención de Instituciones Penitenciaria, que funcionan en la mayoría de las cárceles andaluzas desde hace años.

Al hilo de lo anterior, Chamizo ha informado sobre los últimos datos que en tema de drogodependencia se recogen en un informe elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en colaboración Plan Nacional sobre Drogas, "que aportan unos datos muy similares a los que pueden darse en Andalucía". Así, un 79,7 por ciento de la personas que ingresan en prisión ha consumido drogas un mes antes, en un contexto de policonsumo, en el que la cocaína y la heroína representan un 42 por ciento. Y aunque se reduce el consumo de drogas por vía intravenosa, un 11,7 por ciento lo hace un mes antes de su entrada en prisión.

Más de un 50%

De reducción del programa deportivo

Igualmente, en este informe monográfico, se pide restablecer el Programa de Animación Deportiva que con tanto éxito se ha desarrollado en los últimos años y que se encuentra "reducido en más de un 50 por ciento como consecuencia de los recortes presupuestarios", lamente el Defensor, una bajada que tacha de "excesiva", si se tiene en cuenta que el deporte "es fundamental en las prisiones para que la gente no se encuentre ociosa todo el día".

"Somos conscientes de que las dificultades presupuestarias actuales puede limitar el alcance de algunas de las recomendaciones que se hacen en este informe", pero como Institución garantizadora de derechos constitucionales, "no podemos ser insensibles ante las carencias de salud, culturales, socio-laborales y de todo índole que padece un sector de la población como el penitenciario, al que la sociedad deber prestar especial atención", subraya Chamizo, quien destaca que solo de este modo "se puede conseguir la reinserción social de muchos y bajar los índices de reincidencia penal que se dan en la actualidad", concluye.